El martes pasado el joven se salvó de ser linchado en las instalaciones de la universidad a la que asiste. Tuvo suerte de que llegaran policías para frenar con gases lacrimógenos el intento de golpiza de sus furiosos compañeros.
Pero lo de que tal no vez se escape es de la sanción que analiza aplicarle la casa de altos estudios a la que concurre, que evalúa hasta su expulsión. Y eso no es todo, ya que podría terminar en la cárcel como consecuencia de la investigación que una fiscalía abrió en su contra.
Las palabras de Pérez Monroy no fueron todas comentarios, ya que también se atrevió a utilizar el despreciable hashtag #MePrendoComoNiñoEnBus.
Uno de sus polémicos tuits fue: "Los 32 niños que fueron a darle de comer a Calidoso... y a terminar de quemarse en el infierno".
Como era de esperar, su actitud generó de inmediato un muy fuerte repudio en las diversas redes sociales. El rechazo a su persona fue apenas el principio, y a esto le siguió el hostigamiento a través de sus perfiles: @_Alejandrop1 (Twitter) y @prideclasz (Instagram).
¿Expulsión y cárcel?
Desde que posteó sus repudiables tuits, Pérez Monroy vivió un auténtico infierno porque la Universidad Cooperativa de Colombia, seccional Ibagué, adonde cursa sus estudios, anunció la apertura de un proceso disciplinario contra él.
La directora de la institución educativa precisó que serán los integrantes del consejo de la Facultad de Derecho y el Consejo Académico quiénes determinarán qué sanción le corresponde al estudiante que se encuentra cursando el segundo semestre de Derecho.
Además la ira de la sociedad colombiana no ha cesado desde ese momento, a pesar de que el estudiante se mostró arrepentido y pidió perdón, según publica el periódico Excelsior.
Aunque como si todo esto fuera poco, la Fiscalía ya inició una investigación en su contra por presunto hostigamiento por motivos de raza, nación u origen étnico o cultural.
Si es hallado culpable podría cumplir una pena de entre 12 y 36 meses de prisión. Y dicha conducta también comprende una multa de 12 salarios mínimos legales vigentes.
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