Tribunal anula proceso penal contra acusados expropiar terrenos en Bahía de las Águilas

Se trata de la tercera decisión que aniquila el expediente

SD. El proceso penal en contra del ex director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Jaime Rodríguez Guzmán, un hermano y su esposa, acusados de expropiación de miles de terrenos del Estado en Bahía de las Águilas, fue anulado por tercera vez con una sentencia que declara extinguida la acción penal iniciada en contra de los imputados.

La decisión fue adoptada por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. Se trata de la segunda sentencia emanada por ese tribunal que prescribe el expediente.

Los jueces Felipe Molina Abreu, Tania Yunes Sánchez y José Gregorio Bautista ordenaron el archivo de las actuaciones.

Asimismo, dispusieron el cese de cualquier medida de coerción en contra de Rodríguez Guzmán, el hermano, Rafael Antonio Rodríguez Guzmán y su esposa Reyna Margarita Martínez.

A la audiencia de lectura del fallo compareció la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, quien anunció que por tercera vez va a recurrir en casación el proceso, por no estar de acuerdo con los fundamentos de la decisión.

Al hacer una cronología de los hechos, el tribunal expuso que a la audiencia celebrada el 6 de junio del 2011, comparecieron los imputados asistidos de sus defensores técnicos, no así el Ministerio Público, siendo esa audiencia suspendida en virtud de su incomparecencia, no obstante citación.

Plantea que el 8 de agosto el fiscal que se presentó informó que la persecución del caso la llevaba la Procuraduría General de la República, conjuntamente con la Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa, y que por tanto la Fiscalía no era la persecutora penal de la acción.

De igual modo, el 24 de octubre de ese año, los fiscales adjuntos comparecientes solicitaron el aplazamiento del juicio a los fines de reformular o no el proceso, petición que fue acogida, fijando nueva fecha para el 30 de enero del 2012, día en el cual fue suspendida la audiencia de forma administrativa por no ser laborable.

Agrega que el 7 de mayo el Ministerio Público no asistió a la audiencia, ordenándose la intimación al Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa, para que comparezca al tribunal y fije su postura al respecto.

En ese tenor, el 23 de julio, la DPCA solicitó que se libre acta de que debe ser notificado el MP investigador de ese caso para que comparezca. En esa virtud, fue aplazado el juicio a fin de notificar al fiscal titular del Distrito, para que designe al que llevaría el proceso.

El tribunal afirma que ha comprobado que a la fecha de la audiencia en que se articularon nueva vez las pretensiones de extinción, han transcurrido tres años y ocho meses, por lo que aún colocados en el escenario en el que se le ha otorgado preeminencia para el cómputo del plazo de duración máxima del proceso, ese plazo se encuentra ventajosamente vencido.

También estimó que los imputados no han provocado en el transitar del proceso por las distintas instancias ninguna acción que pueda considerarse dilatoria, a fin de que les sean retenidas o atribuibles las circunstancias, realidades y contextos que han acompañado el caso.

La Fiscalía expuso en sus conclusiones que el caso es imprescriptible, por tratarse de un crimen de lesa humanidad, frente a lo cual el tribunal observó que se trata de un delito ambiental que no le otorga al caso esa categoría.

El lunes continuarán con la parte civil del proceso

El lunes a las 11:00 a.m., la jueza de la Octava Sala del Tribunal de Tierras de la Jurisdicción Original del Distrito Nacional, Alba Beard Marcos, continuará escuchando las conclusiones al fondo de una litis sobre derechos registrados, que procura anular los títulos de propiedad expedidos terrenos de Bahía de las Águilas. Refiriéndose al proceso penal, la fiscal Yeni Berenice Reynoso entiende que el tribunal que extinguió la acción penal le ha reconocido al Ministerio Público que llevaba razón en los dos recursos anteriores, cuando ha fijado como fecha de partida lo que tenía dos años diciendo.

Considera que se debe tomar septiembre del 2010, que es la apertura a juicio, como la fecha de partida.

Entiende que ese cómputo no es matemático, sino que debe ser analizado en el contexto de la gravedad del proceso y el bien jurídico protegido.

En este caso, valora que se trata de un asunto grave, porque es parte del patrimonio del país.

"En ese sentido, la Fiscalía, por tercera ocasión, reitera que va a recurrir en casación".

Reynoso advierte que fueron expropiados 400 millones de metros cuadrados del territorio nacional.

"Sería una pena, sería un hecho absurdo y lamentable de que quedara impune, no podemos seguir con tanta impunidad".

La funcionaria aseguró que tiene toda la fortaleza y voluntad para seguir hacia adelante con el proceso penal.

Las decisiones

La primera sentencia que prescribe la acción penal del caso fue emitida el 8 de octubre del 2012, por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, decisión que fue anulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.

La segunda decisión emanó de la presidenta del Primer Tribunal Colegiado, Gisselle Méndez, mediante resolución No.42-2013, del 4 de junio. Esa decisión fue revocada y enviada de nuevo al tribunal, para ser conocida por los tres jueces que lo integran.