Los contactos del Chapo Guzman

Los Cabos, Baja California Sur.- “… El Chapo tomó vacaciones y se regaló un descanso, dile al jefe de la plaza que lo reciba en Los Cabos, nadie sabía coordenadas ni la hora en que llegaría, pero perros de inteligencia ya la pista le seguían, 100 agentes de la DEA le darían la bienvenida…”, así empieza la letra de un corrido que interpreta el grupo musical Calibre 50.

Pero la canción, alusiva al último escape del ex capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, ocurrida el 21 de febrero de 2013 en Los Cabos, Baja California Sur, detalla solo uno de los viajes que el sinaloense constantemente realizaba hacia La Paz, San José del Cabo y Cabo San Lucas, con protección de una red de policías, militares y operadores de vuelos, así como concesionarios de aeródromos.

Los cómplices del ex líder del Cártel de Sinaloa, detenidos durante el fracasado operativo de captura de “El Chapo”, aportaron datos y nombres de quienes facilitaban las condiciones para que pudiera movilizarse libremente vía aérea desde Sinaloa hacia Baja California Sur, y desplazarse como si nada por todo el estado.

Las confesiones del jardinero, el ama de llaves y hasta la novia del jefe criminal -según la averiguación previa PGR/SEIDO/UEITA/0184/2013-, fueron claves que llevaron a la captura del segundo personaje de la canción de Calibre 50, identificado como Ángel Jorge López Urías “El Licenciado” o “El Ángel”.

El personaje que recibió a “El Chapo” en una pista clandestina en el corredor turístico entre San José del Cabo y Cabo San Lucas, fue detenido el 1 de abril de 2014 en Nayarit, en medio del silencio oficial, luego de que un juez penal librara una orden de aprehensión en su contra. Posteriormente, fue recluido en el Centro de Readaptación Social Número 4, conocido como “El Rincón”, en Tepic.

Las acusaciones

El 18 de junio de 2014, Ángel Jorge López Urías, “El Licenciado” o “El Ángel”, recibió el auto de formal prisión, acusado de ser el operador de logística del ex capo Joaquín “El Chapo” Guzmán y responsable de proporcionar las condiciones para que el ex líder del Cártel de Sinaloa, pudiera viajar y aterrizar en vuelos clandestinos en La Paz, San José del Cabo y Cabo San Lucas.

Las investigaciones asentadas en la averiguación previa PGR/SEIDO/UEITA/0184/2013, exponen que el Agente del Ministerio Público de la Federación logró acreditar la realización de un sinnúmero de vuelos que no fueron reportados o autorizados por operadores de vuelos de Aeronáutica Civil.

Según la investigación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), los traslados se daban “en una avioneta tipo Cessna modelo 206, en la que el ex capo viajaba constantemente, acompañado casi siempre por un escolta identificado como ‘El Picudo’, cuya aeronave era tripulada por un piloto apodado ‘El Cachimba’”.

En el caso de Baja California Sur, Ángel Jorge López Urías era el responsable de facilitar los medios para que se utilizara una pista clandestina de aterrizaje a la altura del Kilómetro 20, en el tramo del corredor turístico de San José del Cabo a Cabo San Lucas, y cuando no había condiciones de seguridad, “eran utilizados los aeródromos de Cabo San Lucas, Los Barriles y Punta Arena”.

De acuerdo a información de la SEIDO, la mayoría de los vuelos se realizaron entre los años 2002 y 2013, cuando “El Chapo” escapó del penal de Puente Grande, Jalisco, y oficialmente había sido declarado “prófugo de la justicia”.

Los testigos en el caso reconocieron que “El Licenciado” tenía corrompidos a policías, militares, operadores de vuelo y hasta concesionarios de aeródromos para que no reportaran los vuelos, o bien, cuando bajaban en los aeródromos, no levantar reportes de la llegada de alguna aeronave”.

La última vez, el ahora reo recibió un pago de 100 mil pesos por la bajada de la aeronave, y la posterior huida del ex capo, cuya parte del dinero repartió entre agentes de la Policía Federal que circulaban sobre el corredor turístico. El expediente de Ángel Jorge López Urías fue consignado en el Juzgado Segundo de Distrito, con sede en La Paz. El Agente del Ministerio Público de la Federación fincó responsabilidades penales a Joaquín “El Chapo” Guzmán y Ángel Jorge López Urías “El Licenciado” o “El Ángel”, acusándolos de uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo en la modalidad de realizar vuelos clandestinos.

Los antecedentes

Pese a haber sido un hombre cercano al ex líder del Cártel de Sinaloa, “El Licenciado” ya había sido detenido el 5 de diciembre de 2009, cuando trató de transportar 22 mil dólares en efectivo de Culiacán a La Paz.

De acuerdo con un reporte interno de la Procuraduría General de la República (PGR), López Urías ingresó a la sala de vuelos nacionales del Aeropuerto Internacional de Culiacán, Sinaloa, y cuando pasó por aduanas, fue detectado que traían debajo de la ropa un bulto pegado en su cuerpo, por lo que se le sometió a una rigurosa inspección por parte de elementos del Ejército Mexicano. Ahí se descubrió que se trataba de dinero en efectivo.

Se contabilizaron 22 mil dólares en billetes de diversas denominaciones en bolsas de plástico. El sospechoso no justificó la legal procedencia, por lo que fue detenido y consignado, aunque salió libre en solo 72 horas. Peor aún, aunque es originario de Culiacán y radicaba en La Paz, los vínculos criminales de “El Licenciado” eran públicamente conocidos, sobre todo entre pilotos de aeronaves.

Investigaciones federales y militares revelan que Ángel Jorge López Urías era el responsable de la logística para aterrizar avionetas y helicópteros para el Cártel de Sinaloa en La Paz, San José del Cabo, Cabo San Lucas y Cabo del Este; lo mismo utilizaba pistas clandestinas que aeródromos.

Un caso se registró el 16 de julio de 2008, cuando la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz, reportó el accidente de una avioneta con capacidad de cuatro personas a bordo que aterrizó de emergencia, tras incendiarse a las 7:20 am en la pista del hotel Punta Colorada, localizado entre los poblados de La Rivera y Cabo Pulmo, en Los Cabos.

La aeronave color blanco y con matrícula XBIWG, estaba registrada a nombre de Arturo López Calles, originario de Culiacán, y era tripulada por Ángel Jorge López Urías y Miguel Ángel Villalobos López, en ese entonces de 32 y 43 años de edad, respectivamente, quienes resultaron ilesos. Del accidente aéreo tuvieron conocimiento:

* Sergio de Jesús Castro Domínguez, comandante de la Policía Ministerial en Los Cabos. * Daniel Eduardo Anzaldo Arias, agente del Ministerio Público de la Federación de la Procuraduría General de la República (PGR). * Luis Germán Geraldo García, comandante del Aeropuerto Internacional de San José del Cabo.

* Daniel Salazar Martínez, jefe de Control de Vuelos del Aeropuerto Internacional de San José del Cabo. Como era de esperarse, ninguna autoridad investigó e inspeccionó la aeronave que ardió en llamas hasta calcinarse, para confirmar que no tuviera residuos de alguna droga.

Cabe destacar que el contacto de “El Chapo” iba acompañado de Miguel Ángel Villalobos López, ex propietario de la compañía Aerostar, quien el 25 de agosto de 2002 fue detenido junto con el piloto Jaime Madrid Sánchez, por su presunta participación en el caso de un multi homicidio ocurrido en Coahuayana de Hidalgo, Michoacán. En ese entonces, un parte de la desaparecida Fiscalía Especializada para la Atención en Delitos contra la Salud (FEADS) informó que al momento de su detención, los presuntos criminales raspaban la pintura de un helicóptero Bell 2/12, matrícula N-606 en el hangar de la empresa Aerostar, en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Jalisco, a fin de cambiar el color de la aeronave, en cuyo interior se encontraron restos de cocaína. En base a la declaración de un peón, asentada en la causa penal 151/2002, la aeronave había aterrizado el 16 de agosto de 2002 en el rancho Los Mendoza, en el poblado El Aguacate, municipio de Aquila, Michoacán. Los tripulantes se bajaron y ejecutaron a nueve narcotraficantes del desintegrado Cártel de la Familia Michoacana.

El mismo peón testificó en su declaración: “Los señores Miguel Ángel Villalobos López, Jaime Madrid Sánchez y José Estrada, almacenaban cocaína en el Rancho Los Mendoza, y aterrizaban avionetas para cargarlas con droga que transportaban y tiraban al mar, presumiblemente en La Paz y Los Cabos, y usaban el helicóptero para rescatar los cargamentos y aventarlos hacia la playa”.

En la indagatoria, la PGR determinó que fue posible establecer que la tripulación del helicóptero recargaba combustible, ya que dentro fueron encontrados cinco garrafones de plástico con turbosina, los cuales evidenciaron al menos un aterrizaje realizado en Baja California Sur.

Martínez Luna niega señalamientos en BC

Mientras tanto, un testigo ligó al ex procurador de Baja California, Antonio Martínez Luna, con el Cártel de Sinaloa, al que dice, le abrió la puerta para que comenzara a operar en el extremo norte de la península.

Respeto al tema, “no hay nada de veracidad”, dijo Martínez Luna, vía telefónica desde San Diego, California, en relación a la información que el jueves 19 de junio fue publicada en un diario de circulación nacional, donde por una declaración de un ex agente detenido, lo ligan como protector del “Chapo” Guzmán y el Cártel de Sinaloa.

El señalamiento difundido por El Universal, se atribuye a la declaración del ex agente Adolfo Roa Lara, detenido en Mexicali el 24 de abril de 2009, en un aparatoso operativo durante la fiesta de 15 años de una de sus hijas. Martínez Luna negó que Roa haya sido parte de su escolta, “como muchos policías, participaba en investigaciones, en trabajo de inteligencia, pero no sé cómo dice que se le daba protección” refiere quien fue procurador bajacaliforniano de diciembre de 2001 a noviembre de 2007. “Jamás platiqué, jamás di instrucciones que platicaran con ningún lado, ni con colores ni con tamaños, ni con nada, que cada quien hiciera su trabajo, y no implicaba que pertenecieran a uno u otro grupo. Si se les encontraba delinquiendo eran perseguidos, nuestro compromiso era Baja California, no eran los grupos criminales”, sostiene el ex fiscal estatal. El tema ha sido insistente desde la aparición del llamado “narcovideo” donde un ex agente de la Policía Judicial del Estado, Ramón Velázquez, fue grabado en un testimonio en el que acepta que encabezaba una célula del Cartel de Sinaloa en Mexicali y se adjudicaba el asesinato de varios agentes ministeriales que les habían ganado con droga.

Velázquez fue asesinado, pero antes emitió un detallado resumen de las actividades que realizaban: los muertos, los desaparecidos, los agentes que participaban, asegurando que tenían la protección del entonces procurador, Antonio Martínez Luna. En la larga lista de agentes involucrados, incluyó a Hernando Villegas y Adolfo Roa Lara, incluso en el rancho de este último, ubicado en la colonia Ahumadita. Velázquez afirmó que ahí se había enterrado el cuerpo del ex agente Diego Hernández Leyva

La mayoría de los mencionados en el material audiovisual fueron apresados o asesinados; el último fue Antonio Ruiz Vargas, el 13 de octubre de 2013 en Mexicali. Era escolta del actual Obispo, Isidro Guerrero. Adolfo Roa fue detenido el 24 de abril de 2009 y, de acuerdo a la nota de El Universal, las declaraciones fueron hechas el sábado 26 de abril. Fue entonces cuando aseguró que Martínez Luna era protector del Cártel de Sinaloa. Esto está incluido en la causa penal 50/2009 y forma parte de uno de los seis juicios que enfrenta Joaquín Guzmán Loera, detenido en Mazatlán, Sinaloa, el 22 de febrero de este año.

“Por un lado, esas personas dicen que protegimos a unos; por otro lado, hay otra persona que sin ninguna prueba en absoluto, dijo que protegíamos al orto grupo. Ahora sí que protegíamos a todos”, refiere Martínez Luna. Según el ex fiscal, Baja California fue el estado donde -en ese entonces- a más personas se detuvo por su relación con el crimen organizado, y los remitió a la entonces SIEDO.

“Si estábamos protegiendo a alguien, pues no estábamos haciendo muy buen trabajo protegiéndolo”, ironizó Martínez Luna, refiriendo además que quienes están en la calle, investigando, son los policías, los ministerios públicos. “Si hay algún policía serio que diga que el procurador le ordenó que protegiera a tal grupo… pero no lo hay”, dijo en su defensa.

Precisó que algunos de sus principales colaboradores, como Víctor de la Garza o Alonso Méndez, ya tienen otras funciones. El primero está adscrito a la Procuraduría en Aguascalientes, el segundo en la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora. “Ellos podrían decir si algún día recibieron la instrucción de no afectar a algún grupo, la respuesta es no”, declaró Martínez Luna.

En cuanto a Velázquez -el del video-, asegura que no lo conocía. “La verdad es que afectamos diversos intereses, eso me queda claro, y quedan heridas de gente que dice, ‘voy a tratar de salvar mi pellejo’”, expresó el ex funcionario, para después recalcar que de ninguna manera aceptaría siquiera platicar sobre el punto de proteger a un grupo u otro.

“Era 100 por ciento trabajo, ahí están los números, no hubo estado que detuviera a más individuos relacionados con el crimen organizado en esa época que Baja California. Lo que puede decir esta persona no tiene ningún sustento, me imagino que viene de lo mismo, del video”, consideró.

De acuerdo con el entrevistado, desde junio de 2007 -un mes después de la publicación del video-, por cuenta propia decidió comparecer ante la SEIDO para aportar su declaración en el caso que fue atraído por la esfera federal. El ex servidor público refirió que precisamente la mañana del jueves 19 de junio estuvo en Mexicali, en una audiencia en un Juzgado Federal, por un amparo interpuesto por la madre del ex agente desaparecido Diego Hernández Leyva. Allí solicitaron la presencia de los dos ex procuradores, pero ante la ausencia de Rommel Moreno, nuevamente no se pudo llevar a cabo el proceso. “Le dije a la mamá de Diego, aquí estoy, cualquier información que necesite…”.

En cuanto a su residencia en San Diego, California, el ex fiscal aceptó que en varios momentos de su vida ha vivido en esa ciudad sudcaliforniana, donde ha trabajado y ha tenido negocios, y que primeramente lo hizo por tranquilidad propia, tras dejar el cargo de procurador en la entidad. Ahora Antonio Martínez Luna está a diez minutos de la frontera. “Algunos pueden creer que vivo en Suiza, pero estoy en la región donde siempre he vivido”, sentenció.