¿Cuáles crees que deben ser los puntos que se deben consensuar para lograr un pacto eléctrico?
El Pacto Eléctrico debe basarse en el respeto absoluto y en el cumplimiento estricto de la Ley General de Electricidad 125-01, en las complementarias, como la de Incentivo a las Energías Renovables y Regímenes Especiales 57-07, y en las resoluciones aprobadas por la Superintendencia de Electricidad, y el Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (OC).
También debe basarse en lo siguiente:
La independencia del Regulador (Superintendencia de Electricidad) para que se respete, se cumpla, y se haga respetar y cumplir las leyes existentes, y no como existe ahora, que se violan y se permiten.
Un programa de reducción de las pérdidas de las distribuidoras mediante la ejecución de inversiones agresivas de por lo menos US$800 millones en los próximos dos años, lo que representa menos del 25% de la inversión real (incluyendo intereses durante la construcción y escalamiento de costos) en las dos plantas a carbón.
La eliminación total del rol de la CDEEE, que ejecuta y ejerce en la actualidad, para actuar como intermediario entre generadores y distribuidoras mediante la suscripción de contratos de compra de energía con productores independientes de energía (IPP), para luego vender dicha energía a las distribuidoras, salvo lo que indica la Ley de Incentivo a las Energía Renovables y Regímenes Especiales 57-07y su Reglamento.
El traspaso de la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS) a la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), tal y como lo contemplaba la Ley General de Electricidad originalmente aprobada en el 2001.
La sustitución de los siete consejos de administración de las empresas eléctricas bajo el dominio absoluto del Estado (CDEEE, distribuidoras, EGEHID, ETED, UERS) por un solo consejo de administración.
La ejecución del plan de expansión de la ETED, de tal manera que en un plazo no mayor de cuatro años se contrate mediante licitación pública la ejecución de las obras contempladas en el mismo.
La no renegociación de los contratos existentes entre generadores y distribuidores que vencen en el 2016.
Toda la energía a ser contratada por las distribuidoras, independientemente si son contratos de corto, mediano y largo plazo, deberá realizarse mediante licitaciones públicas fiscalizadas y supervisadas por la SIE, siguiendo el mandato del Articulo 110 de la Ley General de Electricidad.
La licitación inmediata de los nuevos contratos de venta de energía entre generadores y distribuidores, en donde solo podrán participar inversionistas y generadores que oferten su energía a base de combustibles que produzca electricidad a un menor costo como lo son el carbón, gas natural, biomasa, energía renovable (hidroeléctricas, eólica, etc.). Las plantas que producen energía cara a base a derivados de petróleo solo deberán vender su energía en el mercado spot o a los usuarios no regulados.
La no extensión de los plazos contractuales de los contratos IPP que en la actualidad posee la CDEEE con las generadoras San Felipe (Smith and Enron) y Cogentrix, que vencen en el 2016 y 2022, respectivamente.
La reducción drástica de la nómina y de los gastos corrientes excesivos de las distribuidoras, CDEEE, UERS, EGEHID y ETED.
La no autorización para la instalación de plantas de generación que utilicen derivados del petróleo como combustible.
Se debe promover y fomentar la instalación de plantas de generación de menor costo de producción (carbón, gas natural) por parte del sector privado, sin que esto implique el otorgamiento de privilegios y garantías financieras y/o soberanas por parte del Estado ni contratos del tipo take or pay ni la firma de contratos con la CDEEE.
La promoción y el fomento de la conversión de plantas de generación caras (derivados del petróleo) a plantas de generación de menor costo de producción (carbón, gas natural) por parte del sector privado, sin que esto implique el otorgamiento de privilegios y garantías financieras y/o soberanas por parte del Estado, ni contratos del tipo take or pay, ni la firma de contratos con la CDEEE.
La promoción y el fomento de la instalación en la Costa Norte de una terminal de gas natural por parte del sector privado, sin que esto implique el otorgamiento de privilegios y garantías financieras y/o soberanas por parte del Estado.
La aplicación de la Tarifa Técnica a los Usuarios Regulados, la cual deberá establecer el margen de intermediación o Valor Agregado de Distribución (VAD), calculado en base a una empresa distribuidora eficiente, gestionada y administrada de manera racional, sin gastos corrientes excesivos, ni exceso de personal.
Debe eliminarse la tarifa actual, lo cual no se corresponde con una tarifa técnica, pues el VAD que calcula la tarifa indexada solo busca recuperar vía tarifa las enormes pérdidas y déficit financiero de las distribuidoras a expensas de los que pagamos por un servicio pésimo, ineficiente y caro.
El estudio realizado por la empresa chilena INECON en el 2010 se vende como un estudio de Tarifa Técnica, cuando en la realidad es un estudio de Tarifa de Transición que mantiene el nivel del VAD alrededor de US$0.10/Kwh, unas tres veces mayor que el VAD de una distribuidora gestionada y administrada de manera eficiente, sin exceso de empleomanía, ni gastos corrientes. En adición, el estudio de INECON del 2010 propone la eliminación total del subsidio cruzado que hoy posee la tarifa, con lo cual los estratos de menor poder adquisitivo serían impactados por aumentos de alrededor del 100% de la tarifa actual.
La gestión de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) como una empresa comercial eficiente, eliminando el subsidio oculto que en la actualidad otorga a las distribuidoras y a los usuarios no regulados, a través del precio de venta de energía.
¿Cuáles son los principales obstáculos que se deben superar para lograrlo?
Los intereses encontrados, las diferentes visiones de solución a la problemática.
¿Es posible realmente un pacto eléctrico, cuando las posiciones e intereses parecen tan confrontados?
El Pacto Eléctrico ha sido uno de los más reclamados por el sector privado, incluyendo los generadores de electricidad.
No es nada nuevo, pues en el 2009 bajo la Cumbre por la Unidad Nacional para Enfrentar la Crisis Mundial, auspiciada por el Gobierno, se crearon varias mesas de trabajo para analizar, discutir y hacer recomendaciones sobre diferentes temas y aspectos que inciden en la vida nacional, siendo una de las mesas de trabajo, la de Electricidad, Hidrocarburos y Energías Renovables.
En esa Cumbre, específicamente en lo relativo a la electricidad, se hicieron una cantidad de apreciable de recomendaciones, las cuales fueron ignoradas en su totalidad por el Gobierno, salvo la que se refería al aumento de la tarifa eléctrica, la cual fue aplicada de manera inmediata.
El Pacto Eléctrico brinda una magnífica oportunidad de poder encauzar el sector eléctrico por el camino del respeto y el cumplimiento del marco institucional y jurídico bajo un compromiso real de los actores que participan en el mismo.
El Pacto Eléctrico no debe convertirse en un escenario de negociaciones, transacciones, acuerdos y componendas que se realicen al margen y que vulneren el marco jurídico e institucional, ni en un escenario de consecución de privilegios y favores por parte del Estado.
Esperamos que el Pacto Eléctrico no corra la misma suerte que corrió la fracasada Cumbre por la Unidad Nacional para Enfrentar la Crisis Mundial del 2009, ni el fracasado intento de Pacto Fiscal del 2012, donde a pesar de que hubo una discusión larga y amplia sobre el tema, al final el objetivo del Gobierno no era el establecimiento de un Pacto Fiscal, tal y como lo establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, sino más bien que la sociedad le endosara y aprobara el paquetazo fiscal de aumento de impuestos y al no conseguir que la Sociedad le aprobara sin modificaciones el Proyecto preconcebido y diseñado de aumento de impuestos. El Gobierno decidió imponer en el Congreso, haciendo uso de su mayoría mecánica, el paquetazo tributario que significó un aumento importante en los impuestos para los más necesitados, al incluir una gama importante de alimentos y productos que antes estaban exentos del pago del ITBIS, aumentando en adición el ITBIS de 16% a 18%.
Esperamos que el Gobierno, a través de sus autoridades, no llegue al Pacto Eléctrico con la misma actitud con que fueron al Pacto Fiscal del 2012, en el sentido de que solo les interesaba el endoso de la sociedad a sus planes y acciones ya preconcebidas, algunas en proceso avanzado de negociación.
El Pacto Eléctrico brinda un espacio de discusión que esperamos que los actores involucrados sepan aprovechar para producir el punto de inflexión que necesita el sector eléctrico, y eliminar de una vez y para siempre las distorsiones, irrespeto a las leyes, el exceso de empleomanía, el exceso de gastos corrientes, las altas perdidas y el enorme déficit financiero que estrangula las finanzas públicas, obstaculizando el desarrollo del país.
El Pacto Eléctrico no debe convertirse en un documento referencial más que solo sirva para llenar espacios vacíos en bibliotecas (reales y/o virtuales), como se han convertido todos los planes supuestamente integrales elaborados a partir del 2004, sino que debe ser un compromiso serio de transformación del sector a través de acciones y ejecutorias precisas e inmediatas, pues el hoyo financiero que agobia al País y el pésimo y caro servicio brindado a la ciudadanía no aguantan más posposiciones y dilaciones.
¿Son suficientes 6 meses?
Si hay voluntad y se trabaja, si el tiempo es suficiente, pues el sector eléctrico es el más estudiado, analizado y diagnosticado del país y las posibles soluciones han sido ampliamente debatidas de manera pública.
Si no se logra, ¿qué pasaría después de esos 6 meses?
La situación de deterioro financiero continuaría en aumento si no se toman las medidas de drásticas de reducción de pérdidas en las distribuidoras y de gastos corrientes en la CDEEE, distribuidoras, EGEHID y ETED. Esto hay que hacerlo con o sin Pacto Eléctrico
Si el Gobierno no toma la firme decisión de invertir recursos importantes en la reducción de las excesivas perdidas de las distribuidoras y de reducir los excesivos gastos corrientes de esas empresas y la CDEEE, tal y como tomó la firme decisión de contratar la construcción de las centrales a carbón, entre el 2014 y la fecha en que dichas centrales entren en operación (entre 4 y 5 años), el Estado podría estar erogando una suma total que oscilaría entre los US$5 mil y US$ 6 mil millones solo en subsidio directo al sector eléctrico. De no hacerlo, se corre el riesgo de que el país sufra apagones más intensos y frecuentes a los que se reciben en la actualidad.
Existen temas conflictivos: la re-negociación de los contratos en 2006, la construcción de las plantas a carbón por parte del Gobierno y la incursión del Estado en la generación termoeléctrica, las deudas, y el tema de las distribuidoras. ¿Cómo crees que afectan la atmósfera de las reuniones?
Los contratos no deben renegociarse sino licitarse acorde con lo que establece la Ley General de Electricidad. La renegociación de contratos es un tema que no debe ser parte de la agenda del Pacto Eléctrico y en consecuencia no debería ser motivo de conflictos. Inclusive la ADIE públicamente ha expresado su respaldo a la licitación de contratos de energía según el marco legal existente y rechazando la renegociación de contratos.
Lo de las plantas a carbón de Las Catalinas, es un hecho consumado sobre el cual no debe perderse tiempo en discusiones estériles y no debería ser parte de los temas a discutir en el Pacto Eléctrico.
Con relación a la deuda, es obvio que los generadores tratarán de presionar por el pago pero no creo que sea algo tan conflictivo, pues los generadores están acostumbrados a que la deuda aumente año tras año y coexisten y subsisten con esa situación.
Lo de las distribuidoras, la discusión no debe centrarse en el tema de la propiedad (estatal o privada), sino en la inversión agresiva que se debe hacer para reducir las pérdidas y en la voluntad para reducir los excesivos gastos corrientes de estas empresas, la CDEEE, EGEHID y ETED.
La entrevista se hizo a partir de un cuestionario que se le envió por correo electrónico, dado que está en Panamá. El Pacto Eléctrico debe basarse en el respeto absoluto y en el cumplimiento estricto de la Ley General de Electricidad 125-01, en las complementarias, como la de Incentivo a las Energías Renovables y Regímenes Especiales 57-07, y en las resoluciones aprobadas por la Superintendencia de Electricidad, y el Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (OC).
También debe basarse en lo siguiente:
La independencia del Regulador (Superintendencia de Electricidad) para que se respete, se cumpla, y se haga respetar y cumplir las leyes existentes, y no como existe ahora, que se violan y se permiten.
Un programa de reducción de las pérdidas de las distribuidoras mediante la ejecución de inversiones agresivas de por lo menos US$800 millones en los próximos dos años, lo que representa menos del 25% de la inversión real (incluyendo intereses durante la construcción y escalamiento de costos) en las dos plantas a carbón.
La eliminación total del rol de la CDEEE, que ejecuta y ejerce en la actualidad, para actuar como intermediario entre generadores y distribuidoras mediante la suscripción de contratos de compra de energía con productores independientes de energía (IPP), para luego vender dicha energía a las distribuidoras, salvo lo que indica la Ley de Incentivo a las Energía Renovables y Regímenes Especiales 57-07y su Reglamento.
El traspaso de la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS) a la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), tal y como lo contemplaba la Ley General de Electricidad originalmente aprobada en el 2001.
La sustitución de los siete consejos de administración de las empresas eléctricas bajo el dominio absoluto del Estado (CDEEE, distribuidoras, EGEHID, ETED, UERS) por un solo consejo de administración.
La ejecución del plan de expansión de la ETED, de tal manera que en un plazo no mayor de cuatro años se contrate mediante licitación pública la ejecución de las obras contempladas en el mismo.
La no renegociación de los contratos existentes entre generadores y distribuidores que vencen en el 2016.
Toda la energía a ser contratada por las distribuidoras, independientemente si son contratos de corto, mediano y largo plazo, deberá realizarse mediante licitaciones públicas fiscalizadas y supervisadas por la SIE, siguiendo el mandato del Articulo 110 de la Ley General de Electricidad.
La licitación inmediata de los nuevos contratos de venta de energía entre generadores y distribuidores, en donde solo podrán participar inversionistas y generadores que oferten su energía a base de combustibles que produzca electricidad a un menor costo como lo son el carbón, gas natural, biomasa, energía renovable (hidroeléctricas, eólica, etc.). Las plantas que producen energía cara a base a derivados de petróleo solo deberán vender su energía en el mercado spot o a los usuarios no regulados.
La no extensión de los plazos contractuales de los contratos IPP que en la actualidad posee la CDEEE con las generadoras San Felipe (Smith and Enron) y Cogentrix, que vencen en el 2016 y 2022, respectivamente.
La reducción drástica de la nómina y de los gastos corrientes excesivos de las distribuidoras, CDEEE, UERS, EGEHID y ETED.
La no autorización para la instalación de plantas de generación que utilicen derivados del petróleo como combustible.
Se debe promover y fomentar la instalación de plantas de generación de menor costo de producción (carbón, gas natural) por parte del sector privado, sin que esto implique el otorgamiento de privilegios y garantías financieras y/o soberanas por parte del Estado ni contratos del tipo take or pay ni la firma de contratos con la CDEEE.
La promoción y el fomento de la conversión de plantas de generación caras (derivados del petróleo) a plantas de generación de menor costo de producción (carbón, gas natural) por parte del sector privado, sin que esto implique el otorgamiento de privilegios y garantías financieras y/o soberanas por parte del Estado, ni contratos del tipo take or pay, ni la firma de contratos con la CDEEE.
La promoción y el fomento de la instalación en la Costa Norte de una terminal de gas natural por parte del sector privado, sin que esto implique el otorgamiento de privilegios y garantías financieras y/o soberanas por parte del Estado.
La aplicación de la Tarifa Técnica a los Usuarios Regulados, la cual deberá establecer el margen de intermediación o Valor Agregado de Distribución (VAD), calculado en base a una empresa distribuidora eficiente, gestionada y administrada de manera racional, sin gastos corrientes excesivos, ni exceso de personal.
Debe eliminarse la tarifa actual, lo cual no se corresponde con una tarifa técnica, pues el VAD que calcula la tarifa indexada solo busca recuperar vía tarifa las enormes pérdidas y déficit financiero de las distribuidoras a expensas de los que pagamos por un servicio pésimo, ineficiente y caro.
El estudio realizado por la empresa chilena INECON en el 2010 se vende como un estudio de Tarifa Técnica, cuando en la realidad es un estudio de Tarifa de Transición que mantiene el nivel del VAD alrededor de US$0.10/Kwh, unas tres veces mayor que el VAD de una distribuidora gestionada y administrada de manera eficiente, sin exceso de empleomanía, ni gastos corrientes. En adición, el estudio de INECON del 2010 propone la eliminación total del subsidio cruzado que hoy posee la tarifa, con lo cual los estratos de menor poder adquisitivo serían impactados por aumentos de alrededor del 100% de la tarifa actual.
La gestión de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) como una empresa comercial eficiente, eliminando el subsidio oculto que en la actualidad otorga a las distribuidoras y a los usuarios no regulados, a través del precio de venta de energía.
¿Cuáles son los principales obstáculos que se deben superar para lograrlo?
Los intereses encontrados, las diferentes visiones de solución a la problemática.
¿Es posible realmente un pacto eléctrico, cuando las posiciones e intereses parecen tan confrontados?
El Pacto Eléctrico ha sido uno de los más reclamados por el sector privado, incluyendo los generadores de electricidad.
No es nada nuevo, pues en el 2009 bajo la Cumbre por la Unidad Nacional para Enfrentar la Crisis Mundial, auspiciada por el Gobierno, se crearon varias mesas de trabajo para analizar, discutir y hacer recomendaciones sobre diferentes temas y aspectos que inciden en la vida nacional, siendo una de las mesas de trabajo, la de Electricidad, Hidrocarburos y Energías Renovables.
En esa Cumbre, específicamente en lo relativo a la electricidad, se hicieron una cantidad de apreciable de recomendaciones, las cuales fueron ignoradas en su totalidad por el Gobierno, salvo la que se refería al aumento de la tarifa eléctrica, la cual fue aplicada de manera inmediata.
El Pacto Eléctrico brinda una magnífica oportunidad de poder encauzar el sector eléctrico por el camino del respeto y el cumplimiento del marco institucional y jurídico bajo un compromiso real de los actores que participan en el mismo.
El Pacto Eléctrico no debe convertirse en un escenario de negociaciones, transacciones, acuerdos y componendas que se realicen al margen y que vulneren el marco jurídico e institucional, ni en un escenario de consecución de privilegios y favores por parte del Estado.
Esperamos que el Pacto Eléctrico no corra la misma suerte que corrió la fracasada Cumbre por la Unidad Nacional para Enfrentar la Crisis Mundial del 2009, ni el fracasado intento de Pacto Fiscal del 2012, donde a pesar de que hubo una discusión larga y amplia sobre el tema, al final el objetivo del Gobierno no era el establecimiento de un Pacto Fiscal, tal y como lo establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, sino más bien que la sociedad le endosara y aprobara el paquetazo fiscal de aumento de impuestos y al no conseguir que la Sociedad le aprobara sin modificaciones el Proyecto preconcebido y diseñado de aumento de impuestos. El Gobierno decidió imponer en el Congreso, haciendo uso de su mayoría mecánica, el paquetazo tributario que significó un aumento importante en los impuestos para los más necesitados, al incluir una gama importante de alimentos y productos que antes estaban exentos del pago del ITBIS, aumentando en adición el ITBIS de 16% a 18%.
Esperamos que el Gobierno, a través de sus autoridades, no llegue al Pacto Eléctrico con la misma actitud con que fueron al Pacto Fiscal del 2012, en el sentido de que solo les interesaba el endoso de la sociedad a sus planes y acciones ya preconcebidas, algunas en proceso avanzado de negociación.
El Pacto Eléctrico brinda un espacio de discusión que esperamos que los actores involucrados sepan aprovechar para producir el punto de inflexión que necesita el sector eléctrico, y eliminar de una vez y para siempre las distorsiones, irrespeto a las leyes, el exceso de empleomanía, el exceso de gastos corrientes, las altas perdidas y el enorme déficit financiero que estrangula las finanzas públicas, obstaculizando el desarrollo del país.
El Pacto Eléctrico no debe convertirse en un documento referencial más que solo sirva para llenar espacios vacíos en bibliotecas (reales y/o virtuales), como se han convertido todos los planes supuestamente integrales elaborados a partir del 2004, sino que debe ser un compromiso serio de transformación del sector a través de acciones y ejecutorias precisas e inmediatas, pues el hoyo financiero que agobia al País y el pésimo y caro servicio brindado a la ciudadanía no aguantan más posposiciones y dilaciones.
¿Son suficientes 6 meses?
Si hay voluntad y se trabaja, si el tiempo es suficiente, pues el sector eléctrico es el más estudiado, analizado y diagnosticado del país y las posibles soluciones han sido ampliamente debatidas de manera pública.
Si no se logra, ¿qué pasaría después de esos 6 meses?
La situación de deterioro financiero continuaría en aumento si no se toman las medidas de drásticas de reducción de pérdidas en las distribuidoras y de gastos corrientes en la CDEEE, distribuidoras, EGEHID y ETED. Esto hay que hacerlo con o sin Pacto Eléctrico
Si el Gobierno no toma la firme decisión de invertir recursos importantes en la reducción de las excesivas perdidas de las distribuidoras y de reducir los excesivos gastos corrientes de esas empresas y la CDEEE, tal y como tomó la firme decisión de contratar la construcción de las centrales a carbón, entre el 2014 y la fecha en que dichas centrales entren en operación (entre 4 y 5 años), el Estado podría estar erogando una suma total que oscilaría entre los US$5 mil y US$ 6 mil millones solo en subsidio directo al sector eléctrico. De no hacerlo, se corre el riesgo de que el país sufra apagones más intensos y frecuentes a los que se reciben en la actualidad.
Existen temas conflictivos: la re-negociación de los contratos en 2006, la construcción de las plantas a carbón por parte del Gobierno y la incursión del Estado en la generación termoeléctrica, las deudas, y el tema de las distribuidoras. ¿Cómo crees que afectan la atmósfera de las reuniones?
Los contratos no deben renegociarse sino licitarse acorde con lo que establece la Ley General de Electricidad. La renegociación de contratos es un tema que no debe ser parte de la agenda del Pacto Eléctrico y en consecuencia no debería ser motivo de conflictos. Inclusive la ADIE públicamente ha expresado su respaldo a la licitación de contratos de energía según el marco legal existente y rechazando la renegociación de contratos.
Lo de las plantas a carbón de Las Catalinas, es un hecho consumado sobre el cual no debe perderse tiempo en discusiones estériles y no debería ser parte de los temas a discutir en el Pacto Eléctrico.
Con relación a la deuda, es obvio que los generadores tratarán de presionar por el pago pero no creo que sea algo tan conflictivo, pues los generadores están acostumbrados a que la deuda aumente año tras año y coexisten y subsisten con esa situación.
Lo de las distribuidoras, la discusión no debe centrarse en el tema de la propiedad (estatal o privada), sino en la inversión agresiva que se debe hacer para reducir las pérdidas y en la voluntad para reducir los excesivos gastos corrientes de estas empresas, la CDEEE, EGEHID y ETED.
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