os ahorros fiscales y en personal dan una ventaja competitiva a los negocios que se saltan la ley
En esta imagen del 19 de junio de 2014, un agente de policía, a la izquierda, inspecciona una fábrica textil en Prato, Italia.
PRATO, Italia. No había alarma de incendios en la fábrica textil, a las afueras de Florencia, donde Chen Changzhong vivía y trabajaba.
El calor le despertó de pronto en la mañana del 1 de diciembre de 2013. Ante él había un laberinto de tela ardiendo. Corrió a través del edificio, convirtiéndose en el único trabajador que sobrevivió.
Siete personas murieron en la factoría Teresa Moda de Prato, un distrito de manufactura, sobre todo china, en la Toscana.
El incendio fue el más letal de su clase en la memoria reciente del país, y expuso los costes reales de la ropa barata y la búsqueda de los beneficios por encima de la seguridad, en la floreciente economía ilícita que ha crecido a lomos de la inmigración china en Italia.
El fuego hizo que las autoridades redoblaran su control del sector con una campaña de inspecciones a fábricas iniciada el mes pasado.
También llevó al consulado chino en Florencia a presionar a más de 400 empresarios chinos para que mejoraran las medidas de seguridad en sus negocios.
Cinco personas se enfrentan ahora a cargos de homicidio, incluyendo -algo inusual- a dos italianos que poseían el edificio. La fiscalía alega que no tomaron medidas de seguridad básicas como alarmas de incendios o extintores adecuados. Los abogados defensores dicen que sus clientes no son culpables.
Durante años, miles de migrantes chinos han llegado a Italia de forma ilegal, hallando trabajo en fábricas que ignoran las normas básicas de seguridad, y miles de millones de euros se han enviado de contrabando a China, según investigaciones policiales.
Los ahorros fiscales y en personal han dado una ventaja competitiva a los negocios que se saltan la ley.
En un indicio del creciente impacto global de estos delitos, los ministros de Justicia de China e Italia firmaron el mes pasado un memorando de cooperación en investigaciones contra el crimen organizado transnacional.
"Las comunidades chinas son muy cerradas y es difícil entrar", dijo Franco Roberti, fiscal jefe anti mafia de Italia. "Hasta ahora, no hemos tenido la posibilidad de relacionarnos con las autoridades de investigación chinas".
Gino Reolon, comandante provincial de la policía financiera italiana, señaló que Prato sirve como laboratorio para estudiar el crimen organizado chino.
Más de 40.000 chinos viven en Prato, unos 15.000 de forma irregular. La zona tiene una de las concentraciones de ciudadanos chinos más altas de Europa.
Teresa Moda era una de las miles de fábricas chinas que producen prendas baratas aprovechando la cercanía con Europa, su principal mercado, y el prestigio del "fabricado en Italia". Pero las prendas las hacían trabajadores chinos en fábricas chinas.
En los últimos seis años y medio, las autoridades italianas han registrado unas 1.900 fábricas chinas, cerrando 909 por infracciones laborales y de seguridad. Las factorías sancionadas rara vez se molestan en arreglar los problemas, y prefieren reabrir bajo otro nombre, señaló la capitana de policía municipal Flora Leoni.
Los trabajadores de Teresa Moda dormían en la fábrica, algo ilegal. Según documentos judiciales, Chen trabajaba entre 13 y 17 horas diarias por entre dos o tres euros la hora, por debajo del salario mínimo italiano. La mañana del incendio, habían trabajado hasta casi las dos de la mañana.
Las autoridades pasaron meses intentaron demostrar que una mujer llamada Lin You Lan dirigía la empresa y el propietario legal era una tapadera. La fiscalía afirma que Teresa Moda era la cuarta empresa dirigida por Lin en el mismo edificio.
El abogado de la defensa, Gabriele Zanobini, afirma que Lin era una trabajadora de Teresa Moda y nunca tuvo un negocio en esa dirección. Tras el incendio, Lin ayudó a enviar 900.000 yuanes (147.000 dólares) a la familia de cada fallecido. Zanobini señaló que los pagos se debían a un sentido de la responsabilidad moral, no a un intento de falsear el juicio.
En el funeral por los fallecidos, oficiado en junio, Chen escuchó mientras el cónsul general chino instaba a los propietarios de fábricas a hacer sus negocios más seguros.
"Todos deberíamos reflexionar profundamente", dijo Wang Xinxia, "para aprender esta lección de sangre".
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