WASHINGTON. En una dura prueba para su poder ejecutivo, el presidente Barack Obama declaró ayer que se brincará al Congreso, y ordenará una serie de acciones ejecutivas en materia migratoria, medidas que podrían proteger de la deportación a cerca de cinco millones de personas que residen en el país sin autorización.
El mandatario declaró que Washington ha permitido que el problema inmigratorio de Estados Unidos “supure demasiado tiempo”.
Obama aprovechará un mensaje programado para hoy a las 8:00 p.m., para anunciar dichas medidas, y firmará los decretos correspondientes durante un acto en Las Vegas el viernes. Con ello, el mandatario estará tomando una postura arrojada que en algún momento insistió estaba más allá de sus poderes presidenciales.
Hasta cinco millones de inmigrantes que viven sin permiso en el país podrían quedar protegidos de la deportación y cumplir los requisitos para recibir un permiso de trabajo contemplado en el plan.
No obstante, no se crearía un mecanismo para naturalizar a los beneficiados, y las medidas podrían ser derogadas por un nuevo presidente dentro de dos años. Funcionarios dijeron que los inmigrantes beneficiados por el plan no tendrían derecho de recibir prestaciones federales.
El cálculo de cinco millones incluye extender protección de las deportaciones a los padres y cónyuges de ciudadanos estadounidenses y de residentes permanentes que hayan estado en el país por cinco años. También es probable que el presidente expanda el programa que decretó hace dos años que protege a jóvenes inmigrantes de la deportación.
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