Transparencia, punto crítico en la Ley de Partidos

Sin embargo, fondos y filiación centran debate

Dirigentes políticos participaron en panel Ley de Partidos.

SANTO DOMINGO. Si algo quedó en las discusiones que se generaron el pasado miércoles durante el panel “Ley de Partidos Políticos”, auspiciado por la PUCMM y Diario Libre, es que la transparencia es uno de los puntos críticos, pero ignorado por las organizaciones políticas en la discusión sobre el proyecto legislativo.

El tema fue puesto en el tapete por el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán; y el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, quienes llamaron la atención ante la necesidad de que la transparencia en el manejo económico y la democracia de sus procesos internos sea regulada y fiscalizada.

Rosario consideró que de los partidos no asumir estos parámetros y ser capaces de autoregular sus procesos, pondrían en peligro el sistema democrático. Además, advirtió sobre la obligación constitucional -artículo 216- a la transparencia y a la democracia interna. “Si esa ley no contempla políticas de transparencia en los ingresos, egresos y gastos esa ley puede ser declarada inconstitucional”.

En tanto, Castaños centró las urgencias en eliminar el clientelismo y populismo, y atacar el problema de gestión financiera.

Destacó que estas debilidades alejan a los partidos de propósitos significativos, como el de la formación política de sus miembros, y el peligro constante de los “dineros oscuros”.

Otros intereses

No obstante este llamado urgente, los dirigentes de los partidos parecen estar más interesados en los aspectos de la filiación, reconocimiento y fondos.

Esto lo mostró el hecho de que en los puntos considerados “altamente complejos” por el diputado Henry Merán, presidente de la comisión bicameral que estudia los proyectos de Ley de Partidos, sobre perder un cargo electivo si se deja de ser miembro de un partido, la repartición de fondos en 80% a los mayoritarios y el 20% a los minoritarios; y la permanencia del partido en el sistema electoral a partir del porcentaje de votos.