Organizaciones sociales y defensoras de los inmigrantes haitianos protestaron este jueves frente al Tribunal Constitucional (TC) de República Dominicana, tras una sentencia que niega la nacionalidad a los hijos de extranjeros en situación irregular, en una convocatoria con escasa participación.
Los asistentes, que en ocasiones eran inferior en número a los agentes policiales que habían acudido en previsión de una asistencia masiva, portaban pancartas en las que se podía leer "Soy dominicano como tú, respeta mi derecho" o "Contra el genocidio civil, enfrenta el racismo".
La protesta comenzó a las 12.00 hora local (16.00 GMT) y tenía previsto concluir a las 19.00 horas (23.00 GMT), pero la misma ya comenzó a disolverse a después de las 17.00 horas (21.00 GMT).
Al otro lado de la frontera, organizaciones de derechos humanos haitianas protestaron frente a la embajada de Santo Domingo en Puerto Príncipe, para denunciar la decisión del Tribunal Constitucional.
El Grupo de Apoyo a Repatriados y Refugiados (GARR) y otras organizaciones, encabezaron la concentración donde se observaron a los manifestantes ondeando banderolas y exhibiendo pancartas en rechazo a la decisión del tribunal dominicano.
Además, los manifestantes expresaron palabras de rechazo contra el presidente haitiano, Michel Martelly, a quien acusaron de no protegerlos contra la supuesta injusticia y racismo de los dominicanos.
Al final de la manifestación, la coordinadora de GARR, Collette Lespinasse, entregó a las autoridades de la embajadadominicana una carta de protesta en la que las organizaciones llaman al Gobierno dominicano a evitar que la decisión del Tribunal Constitucional provoque el distanciamiento de ambos pueblos.
La sentencia ha despertado en la República Dominicana la contrariedad de las ONG y organizaciones civiles, así como de expertos juristas que ven visos de inconstitucionalidad en el fallo del TC.
La ONG por la Infancia, una coalición formada por 31 organizaciones no gubernamentales dedicadas a los menores, defendió hoy la necesidad de "revisar y rectificar" la sentencia.
El fallo del TC "atenta de forma clara contra derechos humanos fundamentales, como lo es el derecho a la nacionalidad", señala la Coalición de ONG pro Infancia en un comunicado.
Además opina que aún hay oportunidad de "revisar y rectificar" las decisiones tomadas e indicó que hay que pensar en las personas y "en las vidas suspendidas por la sentencia".
El movimiento cívico dominicano Participación Ciudadana consideró, en un comunicado, que la sentencia viola varias disposiciones de la Constitución y pone en tela de juicio la jurisprudencia obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que pidió que reconsidere su decisión.
El director general de Migraciones, José Ricardo Taveras, por su parte, trasladó hoy su opinión a través de la red social Facebook.
Taveras opinó que la República Dominicana no tiene facultad para adjudicar una nacionalidad extranjera distinta a la suya a ningún ciudadano, "pero por argumento contrario, tiene la calidad y la capacidad de acuerdo a sus leyes de establecer quién es extranjero" en el país.
Además indicó que el alegato de que se violentan tratados internacionales con esta sentencia, al reivindicar una facultad soberana para establecer criterios de la nacionalidad, "carece de todo fundamento, racionalidad y seriedad".
Precisamente y en declaraciones a Efe, el abogado dominicano Nassef Perdomo, opinó que la sentencia "sí es contraria a los tratados internacionales" suscritos por la República Dominicana
Además consideró que el fallo del TC ignora que la Constitución dominicana prevé que las normas jurídicas tienen que interpretarse de forma que protejan los derechos de las personas, "algo que aquí no ha ocurrido".
Perdomo, por último, estimó que el tribunal al hacer una sentencia "tan injusta, ha creado una situación de inaplicabilidad".
El TC anunció el 25 de septiembre un fallo que establece que a las personas nacidas en el país de padres extranjeros en tránsito después de 1929 no les corresponde la nacionalidad dominicana.
La decisión, inapelable, fue tomada a raíz de un recurso de revisión de amparo interpuesto por Juliana Deguis Pierre, de 29 años, contra la Junta Central Electoral (JCE) por una sentencia de primera instancia que le negó la cédula de identidad y electoral.
El tribunal argumentó que, conforme al artículo 11.1 de la Constitución dominicana de 1966 (vigente a la fecha de nacimiento de Deguis Pierre), no le corresponde la nacionalidad dominicana y, por tanto, tampoco la cédula de identidad y electoral. EFE
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