Al igual que esta ciudad, Boca del Río, Xalapa, Cosamaloapan y los Tuxtlas son “hoyos negros” en los cuales la gente –sobre todo adolescentes– desaparece sin dejar rastro.
En la última semana de abril pasado, la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJE) informó que durante la administración de Javier Duarte de Ochoa ha habido 665 desapariciones forzadas por levantones, secuestros, ajustes de cuentas entre bandas delincuenciales –Los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación–, así como detenciones arbitrarias.
De ese total, según las estadísticas de la dependencia, 144 fueron menores de edad, lo que ha provocado la indignación ciudadana.
La mayoría se queja por el tortuguismo con que se conducen la procuraduría y las demás instituciones encargadas de velar por la seguridad pública: la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI), la Unidad Especializada Antisecuestros y la Fiscalía para la Búsqueda de Personas No Localizadas.
Hasta ahora, las protestas organizadas en febrero por el Colectivo por la Paz frente al Palacio de Gobierno y los plantones en este puerto en vísperas del pasado carnaval, obligaron a Ochoa a dialogar con 56 familiares de desaparecidos.
El mandatario se comprometió a “abrir las investigaciones” y a revisar “caso por caso”.
El sábado 10, el gobierno de Duarte y la procuraduría estatal organizaron un acto mediático para anunciar 22 “casos de éxito”, que representan una ínfima parte de las desapariciones acumuladas.
Proceso enumera los cinco casos más emblemáticos que han sacudido a la sociedad veracruzana…
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