"Esos sacos de carbón tenían la autorización y provenían de un proyecto agrícola que se está desarrollando, son desmontes que ha hecho el IAD y esa madera se aprovecha y se convierte en carbón", explicó a Diario Libre Manuel Serrano, viceministro de Recursos Naturales y Forestales de Medio Ambiente.
El decomiso formó parte de los operativos de incautación que realizó el Ejército de la República Dominicana a raíz de un reportaje que realizó Diario Libre, sobre el contrabando de carbón en la frontera, y de cómo este se hace a la vista de todos.
La declaración de Serrano es la misma que ofreció Medio Ambiente a los medios tras la incautación.
"A principio de año el IAD, mediante acuerdo, autorizó a una empresa privada el retiro de los escombros para que no se perdieran esos bosques y luego estos fueron convertidos en carbón", destaca un comunicado de Medio Ambiente reseñado en los medios. Se refiere a la empresa Diego Vásquez SRL, según un convenio firmado por esta y el IAD y del cual Medio Ambiente suministró una copia a DL.
Sin embargo, esta información no coincide con la ofrecida por el Instituto Agrario Dominicano (IAD) a este diario.
"El IAD se desliga completamente de esta incautación hecha a personas que desconocemos quiénes son, y decimos que nos desligamos porque hace tiempo-más de dos o tres meses-que el IAD no hace desmontes en ninguna parte del sur", enfatizó Fausto Monegro, subdirector y coordinador de gestión ambiental del IAD.
Monegro aclaró que en marzo de 2013, el IAD firmó el acuerdo con la empresa Inversiones Diego Vásquez SRL-el único de éste tipo en esta gestión- la cual efectivamente se encargaría de recoger los escombros de los desmontes realizados en Bartolomé, Bahoruco; el Espartillar, Duvergé; Guanito, San Juan; Juancho provincia Pedernales y Tábara Abajo, en Azua, pero desde hace tres meses -afirma- no existen escombros que se puedan recoger.
"El IAD se desliga completamente de esta incautación hecha a personas que desconocemos quiénes son, y decimos que nos desligamos porque hace tiempo-más de dos o tres meses-que el IAD no hace desmontes en ninguna parte del sur", enfatizó Fausto Monegro, subdirector y coordinador de gestión ambiental del IAD.
Monegro aclaró que en marzo de 2013, el IAD firmó el acuerdo con la empresa Inversiones Diego Vásquez SRL-el único de éste tipo en esta gestión- la cual efectivamente se encargaría de recoger los escombros de los desmontes realizados en Bartolomé, Bahoruco; el Espartillar, Duvergé; Guanito, San Juan; Juancho provincia Pedernales y Tábara Abajo, en Azua, pero desde hace tres meses -afirma- no existen escombros que se puedan recoger.
Sin embargo, cuatro días después de haber retenido el cargamento, éste fue entregado a César Augusto García Acosta, quien aseguró vía telefónica a Diario Libre que sólo es un transportista que transporta carbón a empresas exportadoras y que dentro de éstas no se encuentra la mencionada por Medio Ambiente.
"Yo no soy exportador de carbón, yo tengo camiones y doy el transporte de Barahona al Puerto, pero no es a Inversiones Diego Vásquez y como suplidor no quiero dar el nombre de la empresa, porque entonces me afecta", manifestó Acosta.
DL se comunicó con Manuel González Estrella, representante de Inversiones Diego Vásquez, y resulta que también asegura que no le pertenece el cargamento de los 1, 510 sacos de carbón, pero además coincide en que no conoce al que lo retiró en el Ejército.
P. El cargamento de 1, 510 sacos lo retiró en el Ejército César Augusto García Acosta, ¿usted lo conoce?
R. No, ese carbón no es mío.
P. Nos referimos a un cargamento que fue incautado a un Mack color rojo
R. No, no es de nosotros.
R. No, ese carbón no es mío.
P. Nos referimos a un cargamento que fue incautado a un Mack color rojo
R. No, no es de nosotros.
¿ Por qué el Ejército retuvo el cargamento?
El mayor general Rubén Paulino Sem, jefe del Ejército Nacional, explicó a DL que el camión fue detenido y la carga incautada porque el transportista del carbón-Rafael Díaz Suriel- no contaba con los expedientes de trasporte requerido.
"Ellos tenían unos formularios, les faltaba el cheque certificado del pago de impuesto, el CRIM que es el formulario de Medio Ambiente estaba vencido porque era de agosto de 2013, o sea, que tenía prácticamente ya nueve meses y una serie de documentos que no se correspondían con la carga que llevaban por eso se hizo la incautación", especificó Paulino Sem.
Días después el Ejército recibió todos los papeles fechados en este año, para que la carga que aún permanecía en el G-2, fuera devuelta a su propietario. La autorización de transporte de carbón aparece firmada por los directores provinciales en Barahona e Independencia, César Ferreras y Julio Román, respectivamente.
"Medio Ambiente envió una certificación de que ellos estaban legal y si están legal hay que entregar el carbón a su propietario", especificó el coronel Fray Crisóstomo López, sub-director de inteligencia del G-2.
Cabe destacar que la documentación que recibió el Ejército, indica que la carga partiría desde Barahona hasta el Puerto de Haina, Santo Domingo, y de ahí según el registro de inspección de carga de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), su destino final sería Grecia, aunque según Crisóstomo López las investigaciones del Ejército indicaban que la carga iría hacia Jamaica y San Martín...
A estas preocupantes contradicciones se agrega el paradero del resto de la incautación de los 8, 449 sacos decomisados por miembros del Ejército, luego del reportaje que realizó Diario Libre el 14 de mayo pasado, pues según el coronel Crisóstomo López, las últimas incautaciones estaban legales, pero Medio Ambiente sostiene que entre ellas había carga ilegal.
"Es que no ha habido ilegal, estaban ilegal hasta que no presentaran la documentación, pero después se verificó que estaban legal", precisó Crisóstomo López.
Mientras Serrano, viceministro de Recursos Naturales y Forestales de Medio Ambiente, afirmó a DL que dentro de esas incautaciones había cargamentos ilegales, por lo que algunos de sus detenidos serían sometidos a la justicia a través de la Procuraduría Ambiental.
Mientras...continúa el llamado a proteger los bosques
"Ellos tenían unos formularios, les faltaba el cheque certificado del pago de impuesto, el CRIM que es el formulario de Medio Ambiente estaba vencido porque era de agosto de 2013, o sea, que tenía prácticamente ya nueve meses y una serie de documentos que no se correspondían con la carga que llevaban por eso se hizo la incautación", especificó Paulino Sem.
Días después el Ejército recibió todos los papeles fechados en este año, para que la carga que aún permanecía en el G-2, fuera devuelta a su propietario. La autorización de transporte de carbón aparece firmada por los directores provinciales en Barahona e Independencia, César Ferreras y Julio Román, respectivamente.
"Medio Ambiente envió una certificación de que ellos estaban legal y si están legal hay que entregar el carbón a su propietario", especificó el coronel Fray Crisóstomo López, sub-director de inteligencia del G-2.
Cabe destacar que la documentación que recibió el Ejército, indica que la carga partiría desde Barahona hasta el Puerto de Haina, Santo Domingo, y de ahí según el registro de inspección de carga de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), su destino final sería Grecia, aunque según Crisóstomo López las investigaciones del Ejército indicaban que la carga iría hacia Jamaica y San Martín...
A estas preocupantes contradicciones se agrega el paradero del resto de la incautación de los 8, 449 sacos decomisados por miembros del Ejército, luego del reportaje que realizó Diario Libre el 14 de mayo pasado, pues según el coronel Crisóstomo López, las últimas incautaciones estaban legales, pero Medio Ambiente sostiene que entre ellas había carga ilegal.
"Es que no ha habido ilegal, estaban ilegal hasta que no presentaran la documentación, pero después se verificó que estaban legal", precisó Crisóstomo López.
Mientras Serrano, viceministro de Recursos Naturales y Forestales de Medio Ambiente, afirmó a DL que dentro de esas incautaciones había cargamentos ilegales, por lo que algunos de sus detenidos serían sometidos a la justicia a través de la Procuraduría Ambiental.
Mientras...continúa el llamado a proteger los bosques
La depredación de los bosques para hacer carbón, es un tema que continúa suscitando la preocupación de los ciudadanos dominicanos, y en esta ocasión el llamado a no depredar y a que exista una mayor protección y control por parte de las autoridades, es de la Fundación Propagas.
"El tema del contrabando de carbón es muy complicado, es de conocimiento de todo el mundo, se sabe dónde están los hornos, por dónde lo sacan, y lo que se debe hacer es poner freno a eso, de la forma que sea, pero no se debe seguir permitiendo la depredación de nuestros bosques", manifestó Pirigua Bonetti, presidenta de la entidad sin fines de lucro.
En busca de evitar la depredación de los bosques especialmente en las áreas consideradas parques nacionales-Los Haitises, Valle Nuevo, Armando Bermúdez-, Bonetti desarrolla desde 2009 el programa Gas Rural, con el cual ha beneficiado a unas 30 mil personas a través de la entrega de estufas y tanques de gas.
"El programa consiste en identificar las familias que cocinan con leña o carbón, para sustituir sus anafes por estufas de gas. El primer día se hace la inauguración simbólica de una estación móvil ecoamigable, se le dona el kit con la estufa y el tanque, luego cada 25 días los técnicos de Propagas retornan a llenarlos a las comunidades", precisó.
"Es un servicio que les llevamos a la puerta de su casa y estamos garantizando que esa estufa y ese tanque les van a dar continuidad en el uso, porque si tú no vas, qué va a pasar en el próximo mes ya no tienen vuelven al monte a cortar la leña y lo menos que pueden hacer es vender la estufa y el tanque", agregó.
En adición a esto, realizan trabajos de concientización "para que ellos sepan la importancia de evitar la tala de los árboles y el beneficio que es para su salud, especialmente para las vías respiratorias, además de que les mejora la calidad de vida porque el tiempo que invertían en la búsqueda de leña para hacer carbón, lo pueden invertir para actividades productivas".
Es un programa que realizan "para proteger nuestros bosques, para tener agua, para que todas esas comunidades tengan salud y para el beneficio del país para que podamos vivir con una calidad de vida", enfatiza.
"El tema del contrabando de carbón es muy complicado, es de conocimiento de todo el mundo, se sabe dónde están los hornos, por dónde lo sacan, y lo que se debe hacer es poner freno a eso, de la forma que sea, pero no se debe seguir permitiendo la depredación de nuestros bosques", manifestó Pirigua Bonetti, presidenta de la entidad sin fines de lucro.
En busca de evitar la depredación de los bosques especialmente en las áreas consideradas parques nacionales-Los Haitises, Valle Nuevo, Armando Bermúdez-, Bonetti desarrolla desde 2009 el programa Gas Rural, con el cual ha beneficiado a unas 30 mil personas a través de la entrega de estufas y tanques de gas.
"El programa consiste en identificar las familias que cocinan con leña o carbón, para sustituir sus anafes por estufas de gas. El primer día se hace la inauguración simbólica de una estación móvil ecoamigable, se le dona el kit con la estufa y el tanque, luego cada 25 días los técnicos de Propagas retornan a llenarlos a las comunidades", precisó.
"Es un servicio que les llevamos a la puerta de su casa y estamos garantizando que esa estufa y ese tanque les van a dar continuidad en el uso, porque si tú no vas, qué va a pasar en el próximo mes ya no tienen vuelven al monte a cortar la leña y lo menos que pueden hacer es vender la estufa y el tanque", agregó.
En adición a esto, realizan trabajos de concientización "para que ellos sepan la importancia de evitar la tala de los árboles y el beneficio que es para su salud, especialmente para las vías respiratorias, además de que les mejora la calidad de vida porque el tiempo que invertían en la búsqueda de leña para hacer carbón, lo pueden invertir para actividades productivas".
Es un programa que realizan "para proteger nuestros bosques, para tener agua, para que todas esas comunidades tengan salud y para el beneficio del país para que podamos vivir con una calidad de vida", enfatiza.
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