Saludan la ley sobre Declaración Jurada de Patrimonio, pero tienen dudas sobre su aplicación

Finjus, Adocco, FJT saludan aprobación de la pieza que sería vital contra corrupción

SANTO DOMINGO. La nueva ley sobre Declaración Jurada de Patrimonio que aprobó el Congreso el martes, es considerada como una herramienta efectiva en el combate contra la corrupción.

En eso coincidieron ayer Servio Tulio Castaños Guzmán, de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus); César Cuello, miembro y pasado director ejecutivo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO); Trajano Vidal Potentini, de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) y la Alianza Dominicana contra la Corrupción (ADOCO), quienes valoraron la legislación como muy positiva.

Sin embargo, algunos albergan dudas sobre la real aplicación de esta ley que establece sanciones penales de hasta 10 años de cárcel para quienes cometan enriquecimiento ilícito.

"Saludamos que el Congreso haya aprobado una legislación de esa naturaleza que viene a fortalecer los mecanismos de transparencia, y es una herramienta efectiva en favor de la lucha contra la corrupción", manifestó Castaño Guzmán. Está convencido que la nueva pieza, que modifica a la anterior Ley 82-79, será cumplida por todos los funcionarios, debido, precisamente, al régimen de sanciones que establece.

Sin embargo, Cuello expresó dudas sobre el cumplimiento que pueda tener. "Yo quiero mantener la esperanza de que se va a cumplir, porque eso es vital si se quiere frenar la corrupción y el dispendio de los recursos públicos, pero tengo muchas dudas, porque quienes tienen que cumplirla son los mismos que la violan siempre".

Igual duda manifestó Vidal Potentini, pero advirtió que desde la FJT se mantendrán vigilantes, y con un monitoreo constante, y que, de ser necesario, movilizarían la opinión y la acción pública contra quienes pretendan incumplirla.

La Ley establece penas de cuatro a diez años de prisión para el enriquecimiento ilícito; la obligatoriedad de la declaración jurada de patrimonio de los funcionarios públicos y penas de uno a dos años y multas de hasta 40 salarios mínimos para quienes falseen datos en sus declaraciones.