CHILPANCINGO, Gro. De los siete presuntos sicarios abatidos durante un enfrentamiento registrado la semana pasada en Chilapa, uno fue identificado como comisario municipal y tres más eran policías comunitarios.
Reportes oficiales a los que tuvo acceso Apro refieren que los supuestos pistoleros, como se manejó inicialmente, son en realidad indígenas nahuas de los municipios de Chilapa de Álvarez, José Joaquín de Herrera, Tixtla de Guerrero y Mártir de Cuilapan, todos ubicados en la zona Centro de la entidad y considerados de alta marginación, justo donde el gobierno federal impulsa la Cruzada contra el Hambre.
Los datos oficiales refieren que uno de los muertos fue identificado por sus familiares como Gregorio Zapoteco Tepetate, de 25 años, quien se desempeñaba como comisario del poblado de La Esperanza, municipio de Mártir de Cuilapan.
Así como Francisco Javier Solís Zacarías, de 19 y el menor de edad Marco Antonio Temertizxco Nava, ambos fungían como policías comunitarios de la misma localidad indígena donde hace 15 días estuvo la Secretaria de Desarrollo Social Rosario Robles Berlanga celebrando los resultados del programa estelar de la administración peñista.
También fue identificado Efraín Marcelino Vázquez, de 22 años, originario de la cabecera municipal de Tixtla y miembro de la guardia comunitaria que tiene su sede en el barrio del Fortín, conformada por Gonzalo Molina, quien actualmente se encuentra preso en un penal federal de Oaxaca acusado de pertenecer al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
Los otros dos identificados son Aniceto Verónica Cuajicalco, de 39 años, originario del poblado de Atempa, municipio de Chilapa y Lucas Bello Caballo de 23, procedente de la comunidad de Hueyatenango, cabecera de José Joaquín de Herrera.
Este es el perfil de seis de los siete hombres que murieron la noche del miércoles 9 en el poblado de Chilapa durante un enfrentamiento con agentes de la Unidad de Fuerzas Especiales de la Policía Preventiva Estatal (UFE-PPE), donde también murió un policía y cuatro agentes más resultaron lesionados.
El gobierno estatal informó que los civiles asesinados formaban parte de un grupo armado que se desplazaba en un convoy de al menos 20 camionetas por el centro de Chilapa, escenario de una disputa entre sicarios al servicio de Los Rojos y Los Ardillos que tiene colapsada la región Centro de la entidad.
Hasta el momento en Chilapa se vive una tensa calma, luego de que las autoridades municipales impusieron un virtual toque de queda, al exhortar a los habitantes de la cabecera a no salir de sus hogares durante la noche.
En tanto que el alcalde priísta Francisco García González se ha dedicado a declararse incompetente para revertir los efectos de la narcoviolencia y acusó a Proceso de pretender afectar su imagen por documentar la situación que se vive en este lugar.
Mientras que el presidente del Congreso, el diputado local perredista, Bernardo Ortega Jiménez, se ha limitado a guardar silencio ante los informes federales que refieren que sus hermanos encabezan la gavilla de Los Ardillos, que pretenden desplazar a Los Rojos de Chilapa
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