Uribe acusó públicamente a Santos de usar dinero del narcotráfico
BOGOTÁ. Los escándalos, la guerra sucia, la falta de debates televisados con la participación de todos los candidatos a la Presidencia colombiana y sus vagas propuestas han enviado un mensaje de desconcierto a una sociedad consciente de que el país atraviesa un momento clave y un posible futuro de paz.
Los cinco candidatos, incluido el presidente Juan Manuel Santos, que aspira a la reelección, arrancaron hace más de dos meses sus giras por el país y han llenado de propaganda electoral medios de comunicación y vallas, pero cuesta identificar las propuestas de cada uno más allá del tema de la paz.
Y es que las negociaciones del Gobierno de Santos con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que han arrojado ya tres acuerdos preliminares, han sido el eje temático innegable de la campaña.
De hecho, el candidato de la Alianza Verde, el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, llegó a acusar a Santos de haber impuesto la paz en la campaña para tapar los frentes que no ha atendido en su Gobierno, que a su juicio son salud, seguridad e infraestructuras.
Las descalificaciones a la gestión de Santos y las críticas a la figura de la reelección en Colombia marcaron también una primera fase de la campaña, en la que el tedio destacaba en un abanico de aspirantes sin apenas carisma.
Para resolver esos vacíos, los publicistas del uribista Óscar Iván Zuluaga le identificaron con la "Z" del Zorro, Santos cambió a su jefe de campaña cuando las cosas empezaron a irle mal y la candidata de la izquierda, Clara López, se soltó literalmente el moño que siempre ha destacado su peinado para darle aire fresco a su propuesta.
Medios de comunicación, universidades y gremios convocaron debates de candidatos a los que asistían siempre Zuluaga, López y la conservadora Marta Lucía Ramírez, pocas veces Peñalosa y nunca el presidente-candidato Santos.
Ramírez llegó a llevar dos sillas de plástico a uno de los debates para evidenciar la ausencia de Peñalosa y Santos, quienes han reconocido que no quieren pelear con sus contendientes.
La campaña se animó, para tristeza de la democracia, cuando a tres semanas de las elecciones comenzaron a aflorar escándalos y una tenaz guerra sucia entre los dos principales candidatos: Santos y Zuluaga, que han llegado a un empate técnico en las encuestas.
Uribe acusó públicamente a Santos de usar dinero del narcotráfico tras conocerse que sus más cercanos colaboradores, entre ellos el venezolano Juan José Rendón, había recibido 12 millones de las mafias, a lo que se sumó el descubrimiento de una operación de espionaje a los negociadores en Cuba con el fin de boicotear el proceso de paz, por parte de Zuluaga.
Detrás de esas ilegalidades se esconde, sin embargo, una Colombia que se asoma a un momento histórico, con buenos datos macroeconómicos y una mejora de su imagen en el exterior, pero atada a graves problemas sociales derivados de la desigualdad y del conflicto armado que desangra el país desde hace medio siglo.
Ningún candidato ha sido capaz de comunicar efectivamente su programa de gobierno, a pesar de que todos incluyen propuestas para mejorar servicios básicos, presentadas en un derroche multimedia en sus páginas de internet y redes sociales.
En educación, todos comparten propuestas que aspiran a mejorar la capacitación y situación salarial de los maestros, a ampliar la cobertura y la calidad de la educación de la primera infancia; al tiempo que apuestan por renovar el privatizado sistema de salud para favorecer al paciente y no al empresario.
Solucionar los profundos problemas del campo, que han derivado en protestas durante 2013 y 2014, es prioritario para la izquierdista López, que piensa renegociar los tratados de libre comercio y renovar el modelo de desarrollo con un impulso de la industria.
Peñalosa propone un Ministerio del Bienestar Rural, Ramírez duplicar la producción agrícola y condonar las deudas de los campesinos, Santos construirá más vivienda y empleo en el campo, y Zuluaga reforzar el enfoque regional en un país centralista.
Mientras, Zuluaga y Ramírez rescatan la "seguridad democrática" de su exjefe, el expresidente Álvaro Uribe, Santos propone crear el Ministerio de Seguridad Ciudadana con miras al postconflicto, mientras que Peñalosa y López son partidarios de fortalecer la justicia más que los esquemas de fuerza pública.
Peñalosa y Ramírez tienen planes de combatir la corrupción, sobre todo la segunda, que promete crear un "Bloque de Búsqueda Anticorrupción".
La gran ausente en estas campañas, según advierten la Defensoría del Pueblo y el actual vicepresidente, Angelino Garzón, es una política firme de derechos humanos y reconciliación, la base del postconflicto y la Colombia del futuro.
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