El Gobierno luso asegura que puede prescindir del último tramo del rescate

La transferencia del último tramo del préstamo quedó suspendida por la sentencia del Alto Tribunal

LISBOA. El Gobierno portugués admitió hoy que el país cuenta con un remanente financiero suficiente como para poder prescindir del último tramo del rescate concedido por la troika, y que ronda los 2.600 millones de euros.

En declaraciones a medios lusos desde Bruselas, la ministra de Finanzas, Maria Luís Albuquerque, aseguró que existe esta posibilidad mientras el Ejecutivo estudia qué ajustes alternativos aprobar para compensar el impacto en las cuentas públicas del fallo del Tribunal Constitucional que anula varias medidas de austeridad.

"Podemos ponderar esa hipótesis, aunque no hay decisiones todavía, aún estamos analizando lo que hacer", señaló la titular de Finanzas.

La transferencia del último tramo del préstamo de 78.000 millones de euros que la UE y el Fondo Monetario Internacional concedieron a Portugal en 2011 -que fue entregado progresivamente- quedó suspendida por la sentencia del Alto Tribunal.

El Gobierno debe ahora presentar otras medidas que permitan a los organismos internacionales certificar que cumplirá con sus objetivos de reducción del déficit público, momento en el cuál los fondos serán desbloqueados.

Albuquerque insistió en que el Ejecutivo "desconoce la dimensión del problema", es decir, cuál es el impacto económico exacto de la decisión del Constitucional -el valor puede equivaler hasta 1.300 millones de euros-, motivo por el que ha solicitado a los jueces aclaraciones más precisas.

"No hay ninguna solución encima de la mesa", recalcó la ministra responsable de la cartera de Finanzas, quien descartó por completo que se plantee la reapertura del programa de asistencia financiera a Portugal, cerrado oficialmente el pasado 17 de mayo.

En el sexto veto del Constitucional a alguno de los recortes aprobados por el Gobierno, los jueces invalidaron tres medidas del Presupuesto de 2014 que afectan a los recortes salariales de los funcionarios, vigentes desde 2010, a las pensiones de viudedad y orfandad, y a las prestaciones por desempleo y enfermedad.

Esa decisión judicial supone la primera gran adversidad del Gobierno tras la salida del rescate, aunque por el momento no ha afectado a la confianza de los inversores en el país, como sí ocurrió en anteriores ocasiones.

De hecho, hoy mismo la deuda a diez años marcaba un nuevo mínimo en el mercado secundario -donde se compran y venden los títulos adquiridos en subasta pública- al cotizar al 3,32 %, la tasa más baja desde septiembre de 2005.