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jueves, 17 de julio de 2014

Hipólito Mejía apoya el pedido del CONEP; el senador José Rafael Vargas ve parcialidad

Hipólito Mejía envió una carta de apoyo al CONEP, pero José Rafael Vargas rechazó el pedido de ese grupo

SANTO DOMINGO. El ex presidente Hipólito Mejía respaldó la posición del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) de demandar que el Congreso Nacional apruebe sin más dilación las leyes de Partidos y la Electoral.
Mejía dijo que la Ley de Partidos Políticos y la Ley Electoral propiciarán el fortalecimiento de la democracia, "regulará eficazmente el funcionamiento de los partidos políticos, y contribuirá a la transparencia en los comicios venideros".
En una carta enviada al CONEP, Mejía recordó que "preocupado, al igual que ustedes, por la ausencia de los textos mencionados, el pasado 26 de febrero de 2014, con motivo de la Carta Pastoral del Episcopado Dominicano, dirigí una comunicación al Presidente de la República, Danilo Medina, instándolo a honrar el compromiso que asumimos durante las pasadas elecciones de impulsar la aprobación, en ese mismo año 2012, de la Ley de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Régimen Electoral de la Junta Central Electoral".
Pero el senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por la provincia Espaillat, José Rafael Vargas, dijo que como el CONEP hay sectores a los que no les interesa la Ley de Partidos, y otros que lo que quieren es imponer su propio criterio.
Consideró que la posición del CONEP es el punto de vista de un partido político que quiere reconocimiento. "Ese documento dice que se debe aprobar una ley que permita votar en primaria con el padrón abierto y el padrón de la Junta Central Electoral", dijo.
La posición 
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) urgió al Congreso Nacional la aprobación de la Ley de Partidos y el de la Ley Electoral por la proximidad de las elecciones presidenciales, congresuales y municipales del 2016. El CONEP consideró que las elecciones deben realizarse bajo el amparo de esos nuevos textos legales para asegurar mayores niveles de orden, transparencia e institucionalidad.

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