La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aceptó entregar a legisladores “la cadena de mando” del 102 Batallón de Infantería implicado en la ejecución de civiles en San Pedro Limón, del municipio mexiquense de Tlatlaya, perpetrada el 30 de junio anterior.
Durante hora y media, legisladores del grupo de trabajo encargado de indagar el caso Tlatlaya se reunieron con mandos de la Sedena, entre ellos el general brigadier de Justicia Militar, Jesús Gabriel López Benítez; el procurador general de Justicia Militar, Alejandro Ramos; el jefe de asesoría jurídica del Estado Mayor, y el general de brigada DEM José Luis Chiñas Silva.
Es por ello que cuatro de los siete diputados del grupo de trabajo se desplazaron hasta las instalaciones de Sedena y ahí, de acuerdo con asistentes, demandaron la relación de los mandos militares implicados en el operativo realizado en Tlatlaya.
A partir de analizar la bitácora, los diputados podrían establecer quién dio la orden de ejecutar a los civiles, quién recibió el mensaje sobre lo que estaba ocurriendo, dónde quedaron los reportes y, si éstos no se dieron a conocer como acción irregular, entonces determinar quiénes participaron en el delito de “encubrimiento”.
Los mandos de la Sedena aceptaron entregar la documentación y aclararon que ellos no defenderán a los militares ya consignados ante un juez civil y encarcelados desde el pasado viernes pues, según los asistentes al encuentro, el Ejército no respalda violaciones a los derechos humanos “ni indisciplinas”.
Los jefes militares detallaron que a los familiares de los elementos procesados se les están dando las facilidades para que los puedan ver y cuenten con atención médica, pero que más allá de ello no se les apoyará.
Incluso, sostuvieron los generales, en el Ejército están preocupados por los casos en que se vincula a integrantes de la Sedena en presuntas violaciones a los derechos humanos.
“El general (Salvador) Cienfuegos nunca ha dado una orden contraria a lo legal y al respeto total a las garantías individuales”, aseguraron los mandos castrenses.
De parte del grupo de trabajo acudió su presidenta, la perredista Elena Tapia Fonllem; la legisladora del PT, Loretta Ortiz Ahlf; Ricardo Fidel Pacho, del PRI, y el panista Alberto Díaz Trujillo.
Las legisladoras expusieron su rechazo a que los militares continúen haciendo labores de seguridad pública, pues ello hace posible la violación constante a los derechos humanos.
“Es preocupante la creciente violación a derechos humanos por parte del Ejército”, reclamó Tapia Fonllem, quien fue secundada por Loretta Ortiz.
En contraste, el representante del PRI se dedicó a ponderar el trabajo del Ejército en tareas de seguridad pública.
Este es el primer encuentro que la Sedena acepta con los diputados, aunque ya el general secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, se reunió con la comisión bicameral de Seguridad Nacional, en la cual participan senadores y diputados federales.
Este mismo día el grupo de trabajo se reunió a puertas cerradas con la responsable de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), la exdiputada federal perredista Eliana García.
En tanto, la comisión especial de diputados para el caso Ayotzinapa sostuvo un encuentro con el representante del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, Ariel Dulitzky.
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