SANTO DOMINGO. El ex cónsul de Haití, Edwin Paraison calificó de bastante compleja la situación que prevalece en la República Dominicana, a raíz de las sentencias emanadas de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y el Tribunal Constitución (TC).
Dijo que se hace más compleja porque el Tribunal Constitucional entendió que la Sentencia de la CIDH está basada en supuestas irregularidades o procedimiento ilegal en cuanto a la decisión de la República Dominicana al tribunal internacional.
El ex diplomático y presidente de la Fundación Zile sugirió al presidente Danilo Medina llevar a cabo consultas con los diversos sectores de la sociedad, antes de que el Gobierno dominicano tome cualquier decisión.
Paraison hizo la sugerencia en el programa de televisión "Tras las Huellas", del periodista José Cuevas, que se transmite los viernes por los canales 24 de Santo Domingo TV por cable y 69 UHF.
El ex diplomático aseguró que sería bueno que, de la misma forma en que el presidente Danilo Medina, quien de manera brillante lo hizo para salir de la situación engorrosa que se encontró el país después de la sentencia 168-13, haga lo mismo en esta ocasión.
Sostuvo que la República Dominicana logró hacer la ley 169-14, por el buen proceso de consulta del jefe de Estado con diversos sectores de la sociedad, "por lo que le sugiero hacer lo mismo ahora en este tema tan complejo para el país".
"Creo que podría ser oportuno que también ahora se consulten los diversos sectores de la sociedad, para buscar una salida mejor consensuada, como se hizo en esa ocasión, reiteró Paraison.
Sin embargo, reconoció que la decisión del Tribunal Constitucional es vinculante para todos los poderes del Estado y no puede ser apelada, es decir, que obliga al ejecutivo a cumplir la decisión, pero que no está demás que se hagan consultas.
Sostuvo que hay que ver en el plano internacional qué otras alternativas se pueden explorar para que el Ejecutivo salga de esa situación tan difícil.
Expuso que el Gobierno dominicano debe buscar la mejor vía de encarar la situación de obligatoriedad en la cual se encuentra por la decisión del Tribunal Constitucional, como también por el hecho de no poner a la República Dominicana en cuestionamientos serios en términos de derechos humanos.
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