CIDH vendrá RD a conocer consecuencias de la desnacionalización

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD) visitará próximamente la República Dominicana para conocer “in situ” las consecuencias de la desnacionalizsación de decenas de miles de dominicanos de origen haitiano como consecuencia de la sentencia sobre la nacionalidad dictada el pasado 23 de septiembre por el Tribunal Constitucional.


 La información sobre la visita fue ofrecida por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, quien destacó “la plena disposición de las autoridades dominicanas” a recibir a los comisionados.

En el marco de una reunión ordinaria del Consejo Permanente de la organización hemisférica, Insulza también informó sobre las conversaciones que mantuvo sobre el tema con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Haití, con el presidente Danilo Medina y con el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, entre otros.

“Tenemos que encontrar una solución con el máximo grado de acuerdo, el máximo grado de apertura y el máximo grado de buena voluntad. Esa ha sido y sigue siendo la conducción de esta organización", dijo Insulza.

Insulza destacó que en el caso convergen dos cuestiones fundamentales y al respecto dijo: "Nadie puede ser privado de su nacionalidad, y por lo tanto no es un problema de derechos humanos. Pero también tenemos un problema institucional. La Organización de los Estados Americanos se rige por la Carta Democrática Interamericana, que entre otras cosas , institucionaliza la regla de la ley y el respeto a la independencia de los poderes del Estado. Y en este caso no hay duda de que esta es una sentencia que hay sido dictada por un tribunal constitucional de un Estado en virtud de su propio derecho interno. Creo que es mejor abordar el caso a través del sistema de derechos humanos, y que esta cuestión es propiamente la responsabilidad de la Comisión y la Corte".

Apuntó a seguidas que el tratamiento del tema se continuará con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que, el Consejo y este organismo, puedan hacer todo lo posible sin arriesgar el diálogo.

“Tenemos que encontrar una solución con el máximo grado de acuerdo, el máximo grado de apertura y el máximo grado de buena voluntad. Esa ha sido y sigue siendo la conducción de esta organización", dijo Insulza.

El tema fue incluido este martes en la agenda del Consejo a instancias de la Misión Permanente de San Vicente y las Granadinas, representada por la embajadora La Celia Prince.

El representante permanente de Haití ante la OEA, Duly Brutus, dijo que su país ha expresado sus más profundas preocupaciones sobre las consecuencias negativas de la decisión del Tribunal Constitucional dominicano.

Brutus calificó de “verdaderamente alarmante” la posibilidad de que, como resultado de la decisión, “muchos ciudadanos que eran dominicanos antes de la sentencia del Tribunal podrían encontrarse, de un día para otro, sin Estado”. Pidió a los miembros del Consejo Permanente de la OEA buscar una solución al problema y recordó que esta organización “ha estado a la vanguardia cuando se trata de defender los intereses de los sin voz ".

Durante la discusión, Haití contó con el apoyo manifiesto de la Comunidad del Caribe (CARICOM). La embajadora Prince, quien hizo la solicitud de introducir el debate, dijo al respecto que el tema “es de interés para nosotros, ya que afecta directamente a la vida de los seres humanos los ciudadanos de nuestro hemisferio y más específicamente los miembros de nuestra diáspora".

La decisión del Tribunal Constitucional dominicano, añadió, "priva a de decenas de miles de personas de los derechos que han disfrutado desde el nacimiento y no les da ningún recurso de apelación". Sostuvo que la decisión viola la Constitución de la República Dominicana e invocó la importancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño.

Posición dominicana

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, quien encabezó la delegación dominicana presente en la reunión, afirmó que el gobierno del país “siempre ha defendido y desarrollado relaciones de profundo respeto y hermandad con otras naciones, y en especial con la República de Haití".

“Queremos hacer hincapié”, apuntó Pina Toribio, “en que el gobierno dominicano no permitirá la violación de los derechos fundamentales de las personas que están protegidas por nuestras leyes como resultado de la presente sentencia o de cualquier otro".

Para garantizar el respeto de los derechos de los afectados en el proceso de ejecución de la sentencia, la República Dominicana “está totalmente abierta a recibir el apoyo de los países y las organizaciones internacionales que decidan ayudar en esta tarea”, planteó el funcionario.

Hizo recalcó que la sentencia del Tribunal Constitucional es irrevocable y definitiva y que es vinculante para el gobierno y todos los órganos del Estado, e hizo referencia en que ya en 2005 la Suprema Corte de Justicia, en función de tribunal constitucional, había determinado que " los hijos de aquellos que no pueden justificar su entrada legal o estancia en el país no pueden beneficiarse de este derecho (la nacionalidad)”.