Gobierno argentino afirma que "no es un mito" que los fondos sean buitres

Argentina insistió en que "no se dejará extorsionar por estos profesionales de la especulación"

Cristina Fernández. AP

BUENOS AIRES. El Gobierno argentino publicó hoy un aviso en los principales periódicos del país en el que afirma que "no es un mito" que los fondos que litigan contra el país en tribunales de Nueva York sean "buitres".

"En una nueva demostración de su modus operandi, los fondos buitres injurian y amenazan públicamente a Argentina. Su objetivo: extorsionar al país para obtener una ganancia de más del 1.600 % a costa del bienestar de nuestro pueblo", afirma la solicitada.

El aviso fue publicado a horas de que representantes de Argentina vuelvan a reunirse hoy en Nueva York con Daniel Pollack, designado por el juez neoyorquino Thomas Griesa para mediar con los fondos litigantes.

Los fondos de inversión querellantes lograron un fallo a favor en la Justicia de Nueva York para cobrarle a Argentina deudas por 1.500 millones de dólares, entre capital e intereses, por bonos en mora desde 2001 y que no ingresaron a los canjes de 2005 y 2010.

El fallo mantiene congelado el pago de compromisos de deuda de Argentina a los acreedores que sí aceptaron las reestructuraciones, por lo que el litigio, de no encontrarse una solución, pone al país al borde de la suspensión de pagos.

Este jueves, la American Task Force Argentina (AFTA), grupo de presión a favor de los fondos buitre, publicó un aviso en medios argentinos en el que denunció que el Gobierno de Cristina Fernández "se ha dedicado a una campaña de desinformación" y "sigue negándose a negociar con sus acreedores" lo que, a su juicio, conduce al país hacia un "default catastrófico".

Según el anuncio publicado por el grupo financiado por los fondos especulativos, el Gobierno podría acceder al diálogo "sin afectar sus reservas de manera significativa" y, en caso de hacerlo, "los beneficios para la Argentina serían enormes".

Los codirectores de la AFTA Robert Shapiro y Nancy Soderberg viajaron además a Buenos Aires para difundir su posición en el litigio.

En la solicitad de hoy, el Gobierno argentino afirma que la AFTA es "un verdadero grupo de tareas norteamericano contra Argentina".

Según el Ejecutivo de Cristina Fernández, los fondos "mienten" al afirmar que Argentina se niega a negociar y quiere una nueva suspensión de pagos, al asegurar que los litigantes están dispuestos a otorgar tiempo a Argentina para negociar una salida y al decir que el país puede negociar un acuerdo sin afectar sus reservas de modo significativo.

"No caben dudas de que los únicos acreedores que jamás quisieron negociar con Argentina son los fondos buitres, justamente porque su negocio es la extorsión judicial, y no la negociación en condiciones justas, legales y equitativas para ambas partes", enfatiza el texto oficial.

Argentina insistió en que "no se dejará extorsionar por estos profesionales de la especulación" y continuará honrando sus compromisos con el 92,4 % de los acreedores que aceptaron las reestructuraciones de 2005 y 2010.

La solicitada advierte que los litigantes y Griesa "pretenden que un acreedor solvente y líquido, como la República Argentina, que cumple sistemáticamente con sus compromisos financieros, ingrese en cesación de pagos".

Si Argentina no logra llegar a un acuerdo con los querellantes antes del 30 de este mes, caerá en una suspensión de pagos con los acreedores de su deuda reestructurada ya que los litigantes podrían embargar los fondos destinados al pago a esos inversores.

Argentina sostiene que no puede pagar a los querellantes con mejores condiciones que las aceptadas por los acreedores que ingresaron a los canjes, pues hay una cláusula en los contratos de la reestructuración que así lo establece y que, de violarse, pondría al país bajo riesgo de nuevos juicios.

Esa cláusula vence a finales de este año, fecha tras la cual Argentina tendría libertad para pagarle a los litigantes en efectivo y sin quitas sobre el monto adeudado.

"El sistema financiero internacional debería encontrar un nuevo término para definir la imposibilidad de cobrar por parte de un acreedor lo que legítima y legalmente le corresponde, por acciones o interferencias de terceros", sostuvo el Gobierno argentino en la solicitada publicada hoy.