La Procuraduría contrata ocho empresas para alimentos de los reclusos

Los suplidores deberán hacer suministro durante un año

Los reclusos tienen nuevos suplidores de alimentos.

SANTO DOMINGO. La Procuraduría General de la República (PGR) suscribió contratos con ocho empresas para el suministro de alimentos a los internos de las cárceles durante un año, por un monto RD$280 millones.

El contrato de suministro de bienes para la adquisición de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad de los centros penitenciarios fue suscrito por el procurador general Francisco Domínguez Brito.

Comprende el suministro de alimentos en los centros de corrección y rehabilitación Najayo Hombres y Mujeres, por un monto de RD$54.8 millones, durante un año, suscrito con la empresa Producciones D & P. Rafey Mujeres, Hombres y Capaclp Menores comprende un monto de RD$32.3 millones.

El mismo fue suscrito por el Supermercado Abreu de Santiago que se compromete a vender al Ministerio Público una cantidad de 35 productos para el suministro de alimentos a Rafaey Hombres durante 52 semanas, por un monto de RD$22 millones, a Capaclp Menores, por RD$5.1 millones, y 32 a Rafaey Mujeres por valor de RD$5.2 millones. El suministro para las cárceles de San Pedro de Macorís, Higüey, La Romana y El Seibo, suscrito con la empresa Inversiones Sánchez Mercedes, comprende un monto de RD$75.5 millones, por un año. Mientras que los productos que serán servidos a los penales de Vista al Valle, Capaclp Menores y la cárcel pública La Fortaleza, de San Francisco de Macorís, conllevarán una cifra de RD$32.8 millones.

Un segundo contrato con la empresa Santos & Joaquín, S & J, es igual a un monto similar.

En la de Monte Plata serán invertidos RD$12.1 millones; Nagua, María Trinidad Sánchez y Salcedo RD$10.8; Samaná RD$8.7 millones, y Mao, Valverde RD$8.7 millones.

“Los precios ofertados serán fijos por el período de duración del contrato que corresponda a 52 semanas, equivalentes a un año del contrato”, indica el contrato.

El acuerdo establece que serán revisados por el Ministerio Público cada tres meses, conforme con la fluctuación de la canasta de bienes y servicios.