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Se presume que los multihomicidas fueron gavilleros apodados “Los Librado” “La que masacró a los doce fue la gavilla de los ‘Librado’ que viven en Vado Hondo, son gente del Gato”, dijo una fuente extraoficial en San Ignacio.
El pasado miércoles 11 de junio. Un día antes, en Mazatlán, había corrido el rumor no confirmado de que los 12 muertos, la mayoría originarios de la comunidad de El Guayabo, perteneciente a San Juan, eran de la gente de un tal “Dámaso”.
Ambas versiones extraoficiales no han sido confirmadas, pero al igual que en la matanza de la sindicatura de San Jerónimo de Ajoya, el 10 de mayo de 2002; en la masacre de 12 personas el nueve de junio, dos datos saltaron a la vista.
Uno es la coincidencia del número de víctimas, 12, y el otro es la reaparición del nombre de Ramón Gallardo Campista, el Gato, presunto gavillero a quien atribuyen que controla el corredor de la sierra de San Ignacio, La Noria y Concordia, y que se había mantenido de bajo perfil desde hace 12 años.
Para el lunes nueve, cuando fueron encontrados los cadáveres apilados en la caja de una camioneta Chevrolet, doble cabina, sin placas de circulación, cerca del crucero que conduce a la comunidad de El Chaco, las autoridades habían salido al paso con la “novedad” de que los 12 muertos son fruto de la disputa por el control de la plaza, protagonizada por los grupos delictivos.
“Se están matando entre ellos”, dijo en lenguaje cifrado una autoridad estatal, en Mazatlán, el martes 10, sin especificar a qué cártel y/o grupos delictivos se refería en concreto.
La narcoguerra que tiene bañada en sangre a la sierra de San Ignacio se desató casi cuatro meses después de que fue detenido en Mazatlán Joaquín Guzmán Loera, el Chapo.
Cabe recordar, que Ramón Gallardo Campista, mejor conocido como el Gato, fue acusado hace 12 años por el Gobierno del Estado de ser el principal responsable, entre otros asesinatos, de la masacre del 10 de mayo de 2002 en la sindicatura de San Jerónimo de Ajoya, donde murieron 12 personas, tres de ellas, policías intermunicipales, cuando celebraban el Día de Las Madres.
“Guayaberos”
De acuerdo con las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), consignadas en la averiguación previa 71/2014, los 12 hombres ejecutados oriundos de El Guayabo, integraban una gavilla denominada “Los Guayaberos” o “Los Betos”.
“Trabajaban para otra persona que está plenamente identificada dándole protección en cierta área de terreno y además en la siembra de marihuana…esta gavilla formaba parte de las personas que intervinieron en su ejecución”, afirmó Marco Antonio Higuera Gómez, titular de la PGJE.
“A la persona que se identifica como jefe de la gavilla es Remberto Hermosillo García, hermano de Francisco Hermosillo García”, precisó el fiscal.
Higuera Gómez siguió: “Hay más personas, hasta ahorita lo que tenemos mencionan a otras personas y debo decirles que mencionan a quien era el Jefe para el cual lo cuidaban y para el cual trabajaban y quién es su segundo de a bordo, y quiénes son sus demás integrantes”.
“Los integrantes nos les puedo dar porque forman parte de quiénes están en la orden de aprehensión”, argumentó.
“En las declaraciones que tenemos nosotros aluden a que normalmente la gavilla la formaba un núcleo familiar que podría ser únicamente los que fueron ejecutados, ellos formaban parte de un grupo delincuencial y ese grupo lo componían 50 personas”.
El jueves 12, el gobernador Mario López Valdez, había informado en Mazatlán, sobre un detenido presuntamente involucrado en la masacre de las 12 personas. “Sí tenemos ahí alguna detención que se dará a conocer y parece ser que está involucrada en los hechos de la masacre de los 12 muertos”, dijo.
El viernes 13, Higuera Gómez dio a conocer al detenido: “Miguel Ángel Llanes es la persona que fue consignada el día de ayer, internada en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito en Mazatlán (…) tiene antecedentes de violación tumultuaria, consignado por corrupción de menores en cuanto a la niña que dejó inconsciente por suministrar droga”, añadió.
Entierro
“Sabes qué Lupe, las autoridades andan diciendo que los plebes eran asaltantes y secuestradores”, informaba dolorida una amiga de los finados.
“¡Mienten!”, se escuchó una voz desde el otro extremo del sepulcro que albergaba 10 féretros, a las 10 de la mañana del miércoles 11, en el panteón municipal de San Ignacio.
Fue como a las 18:00 horas del martes 10, cuando las autoridades estatales entregaron 12 cadáveres a los dolientes, en Mazatlán.
Las autoridades traían a los deudos dando vueltas, hasta que una mujer pidió ayuda a un funcionario municipal: “hágame el favor de ayudarme a liberar los cuerpos porque nos traen como pelota; que falta una firma en el Ministerio Público, no, que ahora vayan con los soldados, ¿a qué estamos jugando?”
En los trámites burocráticos, los cadáveres entraron en estado de descomposición debido a las altas temperaturas registradas en la zona sur, combinadas con la ineficiente refrigeración de la funeraria.
“Los cadáveres estaban desfigurados, y algunos tenían las tripas de fuera, por eso se descompusieron y empezaron a apestar”, dijo uno de los familiares.
La PGJE había retenido los cadáveres por casi 72 horas bajo el argumento del fiscal Marco Antonio Higuera Gómez, de que al menos seis de las 12 víctimas, portaban chalecos tácticos.
El martes 10 de junio, el subprocurador Martín Armenta Robles aseguró que seis de las víctimas “cuentan” con órdenes de aprehensión. Y anunció que el grupo de personas asesinadas salió de la comunidad Los Guayabos de donde eran originarios, y se dirigieron al poblado de Vado Hondo, donde después de toparse con otro grupo delictivo que los superaba en número, luego de discutir, fueron secuestradas y asesinadas.
Para las autoridades estatales las personas fueron secuestradas el mediodía del domingo ocho, en Vado Hondo.
Pero un campesino sexagenario que dijo ser originario del poblado El Guayabo, ubicado a aproximadamente una hora y media de camino, sierra adentro de la cabecera municipal de San Ignacio, asegura que como a las 10 de la mañana, llegaron los sicarios a dicha comunidad y secuestraron a las 12 personas con lujo de violencia y se las llevaron con rumbo desconocido donde las masacraron.
“Así son las autoridades no quieren batallar ni hacer nada para ayudar a la gente pobre, ayudan al rico nada más, y de la gente pobre siempre van a decir que eran malandrines o matones; pero miente el procurador”, dijo una de las dolientes que acudieron al panteón de San Ignacio.
“No es cierto, no eran así ellos, agregó, les pusieron un ‘cuatro’, no sé qué pasaría que los acribillaron a todos”.
Cuando a uno de los deudos se le informó que las autoridades estatales afirmaban que más de alguno tenía órdenes de aprehensión, reviró que son mentiras, que después de muertos los están criminalizando.
Y cuestionó: “¿qué importaba si cuando los meramente malandrines andan entre ellos mismos qué hacen las autoridades?”
“Las familias de los finados se quedaron desamparadas, porque estos plebes no eran delincuentes”, fue el clamor de quienes asistieron al entierro.
Una enorme tumba fue la última morada de 10 de los 12 cadáveres; de los otros dos finados, uno fue cremado y el otro trasladado a Tayoltita, Durango.
Los pobladores de El Guayabo sostienen que tres personas más están desaparecidas y hasta la fecha no han tenido información si todavía están con vida.
Emboscada en Concordia
Durante la madrugada del domingo ocho de junio, un grupo armado asesinó a tres personas originarias de El Cuatantal, Concordia y Las Trancas, Durango.
Según informes policiacos, en un camino que conduce del poblado de La Petaca al Cuatantal, fueron asesinadas tres personas, identificadas como Eduardo Labrador Ulivarría de 37 años; Cipriano Astorga Valderrama de 29 años; y Candelario Mancinas Labrador de 66 años.
Las autoridades investigadoras informaron que la camioneta Expedition en que viajaban estaba destrozada a balazos, porque fueron emboscados por sicarios.
De los tres asesinados no se ha informado si son remanentes de la ola violenta que azota la sierra de San Ignacio, puesto que el corredor de las masacres se extiende desde la sierra de Concordia pasando de aquella por Juantillos, San Marcos y conectada con los límites de la zona serrana del estado de Durango.
Otro pueblo fantasma
Desde mayo que se recrudeció la violencia con la masacre en La Ciénega, los familiares de los finados tenían temor justificado de ir por sus pertenencias al pueblo, porque al decir de una autoridad estatal, “tienen miedo a la contra”.
Pero no aclaran si la “contra” es la gavilla comandada por Ramón Gallardo Campista, “El Gato” u otro grupo delictivo acoplado con el afamado gavillero.
Con los pobladores de El Guayabo, donde habitan alrededor de 20 familias, se está repitiendo la misma historia, pues apenas enterraron a sus muertos el mismo miedo de regresar por sus “tilichis” y animalitos domésticos, los avasalla.
“Haga de cuenta, oiga, que los corridos por las masacres somos como plantitas impuestas a vivir en el campo y nos arrancan de tajo para trasplantarnos en la ciudad”, dijo un campesino de El Guayabo con expresión desamparada.
Desde el domingo ocho de junio, El Guayabo, comunidad ubicada, aproximadamente a seis kilómetros de Vado Hondo, es el nuevo pueblo fantasma en Sinaloa: perros, cochis y gallinas con sus críos deambulando a su suerte por el pueblo desolado. No hay persona que salga de las viviendas de grandes patios arbolados a espantar a los animales que arruinan las plantas de ornato.
Según la averiguación previa 71/2014 iniciada por la PGJE por el delito de homicidio doloso producido por proyectiles disparados por arma de fuego, cuatro de los 12 ejecutados resultaron positivos en el examen toxicológico.
El fiscal sinaloense informó que el finado Juan Francisco Hermosillo García aparece con orden de aprehensión pendiente por ejecutar en el proceso penal 5 del 2004, por el delito de homicidio doloso, cuyas víctimas son Efraín Peña Martínez, Juan Manuel Peña Martínez, Ambrosio Guadalupe Peña Velarde y otra persona de apellidos Martínez Sarabia.
La PGJE afirma también que Hermosillo García tenía otra orden de aprehensión por el presunto delito de homicidio doloso, consignada en el proceso penal 8 del 2004, cuya víctima fue Braulio Vázquez Ramírez. En el proceso penal antes mencionado, reportó Higuera Gómez, aparecen 10 personas más como acusadas y con orden de aprehensión.
El fiscal estatal indica que la tercera orden de aprehensión contra Hermosillo García es la 33 del 2007, por el presunto delito de homicidio doloso en las personas de Jaime Castañeda Pérez, Leticia Delgado Valverde y Luciano Urbina Cháidez. En esta última, hay cuatro personas más acusadas y con órdenes de aprehensión.
Los finados
-Edel Hermosillo Vega, de 20 años
-Juan Francisco Hermosillo García, de 37
-Remberto Hermosillo García
-Edel Hermosillo García
-Rafael Bastidas Quiñones
-Filemón García Llanes, de 33
-Martín Ruvalcaba García, de 37
-Cristian Samuel Bastidas Quiñones
-Armando Herrera Bastidas , de 18
-Rafael García Arana, de 35
-Daniel Bastidas Quiñones
-José Efraín Rodríguez Escobedo
“Ya nos dejaron tambaleando”.
San Ignacio de Loyola es el nombre del santo y exmilitar español que le dijo adiós a las armas para fundar la Compañía de Jesús, allá por el siglo XVI, y dio nombre a uno de los municipios serranos del sur del Estado.
Desde hace al menos 12 años, este pueblo católico por excelencia vive la paradoja de que los grupos delictivos que asolan los pueblos circunvecinos han ensangrentado casi cada metro cuadrado de su territorio.
Para Arturo Gallardo, sacerdote del templo de San Ignacio, la única forma de no abrirle la puerta a “un ambiente deshumanizado y a la cultura de la muerte es vivir cerca de Dios”.
De los sentimientos que embargan su alma cuando celebra homilías de las masacres, dice: “No hay palabras para describir una situación de éstas, sentimientos encontrados; como sacerdote yo no había tenido experiencias de esa índole”.
“Antes había habido otras tragedias, agrega, pero no de esa forma, parece que ése fue mi recibimiento, entrarle a un ambiente difícil, deshumanizado, tragedias como ésta última; una masacre tras otra, al que quemaron en el carro, en las Lajas, los tres asesinados en San Juan, son varios hechos consecutivos que ya nos dejaron tambaleando”.
“Pero tenemos que volver atrás a decir lo mismo: son la pérdida de valores. Cuando las familias no se evangelizan, advierte, cuando no se vive la vida de Dios, la fe, abrimos las puertas al mal, que viene y hace sus estragos”.
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