SABANA GRANDE DE BOYÁ. Agricultores y ganaderos de este municipio de la provincia de Monte Plata se consideran dueños de terrenos productivos, pero no tienen títulos de propiedad formales. Los han ocupado por “herencia”, tras el ocaso de la industria azucarera. Amparándose en decretos presidenciales, reiteran la denuncia de que el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) está vendiendo o arrendando las parcelas a funcionarios, empresarios y militares.
Julio Mateo José asegura que cuando nació, hace 31 años, su padre ya tenía ocupadas 300 tareas que hoy están distribuidas entre los seis hijos. En el terreno tiene sembrado árboles frutales y cría seis vacas, a las que les extrae ocho galones de leche diarios para obtener ganancias.
Un miércoles, camina pocos metros desde la carretera, entre la yerba aún mojada por el rocío de la mañana. Al llegar a una empalizada, se detiene y señala hacia abajo, adonde se divisa el paso de un estrecho arroyo cercado por una empalizada.
En este punto externa una queja. Un teniente de apellido Rosario compró al CEA una finca contigua a la suya, y cuando el militar delimitó la propiedad, incluyó unas tres tareas de su finca. “Él (Rosario) me dice que él que no le compra terrenos al CEA, no tiene derecho, y él le está comprando al CEA”, dice Mateo.
Conversando con DL vía telefónica, el teniente Rosario -cuyo nombre prefirió reservarse-, confirma que compró 800 tareas. “Compré legalmente a una institución del Estado, que es el CEA, y no le he cogido nada a nadie (…) Ellos no tienen tierra, tienen posesión de tierra, pero legalmente no tienen ninguna tierra porque no tienen ningún papel”, dice.
Mediante el decreto 360-13, el presidente Danilo Medina derogó otro decreto, el 17-06, y ordenó al CEA “la paralización de ventas de tierras en las provincias Monte Plata, Hato Mayor y zonas aledañas”, hasta tanto se solucione una problemática existente con desalojados del Parque Nacional Los Haitises.
Ramón Jiménez, presidente de la Unión de Ganaderos, ocupa 60 tareas. Reconoce que eran zonas cañeras propiedad del CEA y del Instituto Agrario Dominicano (IAD).
“Ellos nunca se han puesto de acuerdo para resolver el problema”, dice.
Según registra la Oficina Nacional de Estadísticas, el municipio Sabana Grande de Boyá y sus distritos municipales Majagual y Gonzalo, tenían al 2010 un total de 31,096 habitantes. Cuantifica en más de 1,300 los parceleros en asentamientos campesinos, y la superficie de las parcelas en 84,762 tareas.
Jiménez estima que entre el 70% y 80% de los rubros que se producen en Sabana Grande de Boyá se cultivan en las tierras ocupadas. Además de los que viven en el municipio, distribuye a los afectados en Gonzalo, Los Mejía, Mata Seco y Cabeza de Toro.
“Hay gente que tiene más de treinta años produciendo y viviendo de eso”, indica Benítez. Asegura que desde el año 1996 el CEA y el IAD han estado interviniendo “para favorecer a poderosos, a militares, a funcionarios, irrespetando el decreto”.
En diciembre de 2013, el presidente Danilo Medina visitó Monte Plata y concedió un financiamiento de RD$31.2 millones a los ganaderos de Bayaguana, Don Juan, Juan Sánchez y Sabana Grande de Boyá, de los que RD$26.2 millones serán para adquirir 750 vacas. Sin embargo, el presidente de la Unión de Ganaderos de Sabana Grande de Boyá considera que el proyecto peligra “porque están sacando de sus terrenos” a los beneficiarios.
Dirigentes comunitarios de este municipio ya han presentado su queja ante la Presidencia de la República, funcionarios de la provincia y la misma prensa. También expresan que la intervención de las tierras ha motivado a delinquir a aquellos que se ven sin las fuentes de empleo que antes generaban las parcelas.
Jiménez entiende pertinente que el Estado venda los terrenos a los ocupantes a precios asequibles, para que puedan ser los propietarios legítimos. El día 9 de este mes, los ocupantes harán una protesta en el pueblo de Sabana Grande de Boyá, en contra del CEA. A pesar de que este periódico hizo los esfuerzos de hablar sobre la situación con Charlie Mariotti, senador por Monte Plata, el funcionario no pudo ser localizado.
¿Qué dice el CEA?
DL buscó una explicación de la Corporación Estatal del Azúcar (CEA). Vía la Dirección de Comunicaciones de la institución, se negó la venta de los terrenos.
“La institución solo está legalizando el estatus de ocupantes ilegales de terrenos propiedad del CEA”, se aseguró. “En casos de familias o personas que están ocupando terrenos de manera ilegal, se les está instando a esas personas a que paguen esas propiedades, o liberen o desocupen los terrenos”, dijo la institución estatal por escrito.