El Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía plantean alternativas para mejor sistema de Justicia

Procurador dijo que hay mora judicial y coordina para un traslado efectivo de reclusos

Castro Castillo, Domínguez Brito, Germán Mejía y Julio César Souffront, presidente DNCD.

SANTO DOMINGO. El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial (CPJ), Mariano Germán Mejía, afirmó que si se quiere que la justicia penal funcione es necesario que los actores trabajen en coordinación y con respeto al rol que cada uno debe asumir.

El planteamiento fue hecho en la apertura del Primer Taller de la Mesa Nacional de Coordinación Intersectorial, que aglutina al Poder Judicial, el Ministerio Público (MP), la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

El magistrado no cree que convenga continuar profundizando la percepción ciudadana sobre las deficiencias en la administración de justicia, buscando culpables, sin identificar las causas del fenómeno y las alternativas de solución. “Más aún, las instituciones aquí reunidas tenemos la calidad y la capacidad para garantizar al país seguridad jurídica, expresada en ‘la certeza del derecho’, sobre lo previsto y establecido como prohibido y permitido por el poder público respecto de uno para con los demás y de los demás para con uno, con relación a las personas y a los bienes”, destacó Germán Mejía.

Indicó que garantizar los derechos de las personas en base a procesos probos, éticos, íntegros, razonables, ponderados y de los cuales surjan sentencias objetivas y materialmente justas, no solo es una meta del Poder Judicial, sino una obligación.

Para que eso sea posible, solicita de los demás actores la colaboración con ese poder del Estado, a fin de lograr una instrumentación oportuna y transparente de los procesos, para que no se caigan por deficiencias. “Necesitamos lograr el cumplimiento de las obligaciones del Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos en todas las circunstancias”, insistió el magistrado.

Opina que si se crean políticas integrales de prevención y atención a la violencia, se podrá lograr que la ciudadanía se sienta segura y que cuente con un sistema de justicia garantizado para quienes tienen la obligación de proteger la libertad.

El Procurador

En el evento, el procurador Francisco Domínguez Brito afirmó que la mora judicial continúa como un problema serio, a pesar de que se ha triplicado en los últimos 15 años el personal del sistema de justicia.

También planteó la necesidad de mejorar el sistema de investigación, en términos prácticos. Quiere vencer algunas burocracias a la hora de que se necesite una orden judicial para actuar frente a una investigación. Manifestó que hay una gran cantidad de personas en rebeldía y existe la necesidad de establecer un mecanismo que permita lograr que puedan ser encausadas. Indicó que también hay un compromiso de la Procuraduría y la Dirección General de Prisiones de mejorar el sistema de traslado de los reclusos a los tribunales.

Jefe PN

El jefe de la Policía, Manuel Castro Castillo, dijo que en lo que va de año la uniformada ha puesto a disposición de la Justicia a 126,850 personas por diferentes delitos.

Asimismo, que se ha logrado una reducción de la tasa de criminalidad en un 18.1%. Sin embargo, sostuvo que la mayor amenaza es la gran cantidad de niños y niñas de 8 a 12 años, ya adictos a las drogas, que son utilizados por bandas criminales.

Los menores

El jefe de la Policía consideró que la utilización de menores por bandas criminales genera que esta sea como una peste, que se recicla por encima de la capacidad del sistema de justicia. Comentó que el crecimiento de esas amenazas obligan a que las instituciones del sistema realicen una revisión y transformaciones profundas a la forma de control del delito. “Estamos obligados a analizar otras políticas de seguridad aplicadas con éxitos en países desarrollados”

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Los fiscales suspenden el paro convocado para hoy

Sin embargo, llamaron a una “parada cívica”, frente al Palacio Nacional

Los fiscales quieren mejores condiciones de trabajo.

SANTO DOMINGO. Los fiscales anunciaron la suspensión del paro por 24 horas convocado para hoy a nivel nacional, y en cambio se aprestan a realizar una marcha hacia el Palacio Nacional a las 4:00 pm.

El anuncio lo hizo Pedro Amador, vocero del Movimiento Dignidad para el Ministerio Público de la República Dominicana.

La demostración, denominada “Parada Cívica”, partirá desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva hasta el Palacio de la Presidencia, donde montarán una vigilia. La entidad expuso que la suspensión de la manifestación se hizo con el propósito de solicitar una reunión al presidente Danilo Medina, lo más breve posible.

“El encuentro con el primer mandatario tiene como objetivo hacer de su conocimiento las razones específicas por las que el aumento de un 25% de salario dejaría al Ministerio Público en las mismas condiciones, en lo referente a una mayor tecnificación de las investigaciones”, dijo.

Consideró que hay áreas neurálgicas que necesitan con urgencia un mayor presupuesto, como son las unidades de Prevención de la Violencia de Género, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y la Escuela Nacional del Ministerio Público. Aclaró que el objetivo no es un aumento salarial.

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Intereses impiden aprobar la Ley Armas de fuego y otros

El proyecto, de la autoría de Ito Bisonó, tiene 10 años estancado en el CN

Orlando Espinosa.

SANTO DOMINGO. El proyecto de Ley para el Control y regulación de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados se ha mantenido estancado en el Congreso Nacional durante unos 10 años debido a que los intereses existentes han impedido su aprobación.

Así lo revelaron ayer, los diputados peledeistas Orlando Espinosa y Elpidio Báez, miembro y presidente de la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, que fue apoderada del estudio nueva vez.

Espinosa fue el primero en exponer su preocupación y pidió a los demás comisionados a que no sigan perdiendo el tiempo escuchando las opiniones de todos los sectores otra vez porque el proyecto podría perimir. Dijo que ya esa comisión ha consultado a todos los sectores y que no puede ser que cada vez que cambien a las autoridades de una institución haya que esperar que esa entidad vuelva a presentar su posición sobre ese proyecto. “No podemos estar perdiendo el tiempo, recibiendo dos veces a las instituciones para que nos digan lo mismo. Ya cada institución vino aquí y fijó su posición antes de perimir la Ley. Entonces si el Ministerio de Interior y Policía es uno y el de Defensa es uno, vamos a pedir opinión cada vez que cambie un titular?. Eso es perder el tiempo”, expresó. Precisó que el gran problema está en el marcaje de los proyectiles y que “lo que manejamos el Estado a veces estamos de acuerdo con el desorden y hasta que eso no se corrija pueden crear 50 mil leyes”.

Báez admitió que ese proyecto toca muchos sectores e intereses y aseguró que harán todos los esfuerzos para que sea Ley.

Manifestó que la mayoría de los crímenes, robos y asaltos se realizan con armas de fuego, en su mayoría ilegales, que son traídas a través del contrabando.

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El Banco Central pone a circular la nueva familia de billetes

Las denominaciones son de 50, 100, 200, 500, 1,000 y 2,000 pesos, e incluyen más seguridad

Los nuevos billetes.

SANTO DOMINGO. El Banco Central emitió la nueva familia de billetes compuesta por las denominaciones de 50, 100, 200, 500, 1,000 y 2,000 pesos, las cuales incorporan la rosa de Bayahíbe, declarada nueva Flor Nacional mediante Ley 146-11. Los billetes incorporan nuevas medidas de seguridad y tienen tonalidades de colores mejoradas para evitar confusiones.

El acto de puestas en circulación de los nuevos billetes estuvo encabezado por el gobernador de esta institución, Héctor Valdez Albizu, y el ministro de Hacienda, Simón Lizardo. Valdez Albizu informó que para la fabricación de los nuevos billetes se realizó un concurso internacional en el que se invitaron a participar a 10 de las más prestigiosas casas fabricantes de papel moneda a nivel mundial, y en el cual fue elegida De la Rue International Limited, de Inglaterra, por ser la que obtuvo la máxima puntuación.

“Esta sexta familia de billetes contiene una serie de elementos atractivos y novedosos, tanto en el color como en el tamaño de los números, la disposición de las leyendas y la colocación de las figuras patrias, pero se ha preservado la esencia de cada denominación, lo que podemos llamar el espíritu de una tradición monetaria que comenzó en el año 1947”, expresó.

Un detalle tomado en cuenta para esta nueva familia de billetes es la acentuación de la marca para los no videntes, de manera que las distintas denominaciones puedan ser fácilmente reconocidas por personas con limitación visual. El billete de RD$50.00 es color violeta, el de RD$100.00 es naranja, el de RD$200.00 es color rosa viejo, el de RD$500.00 es azul turquesa, el de RD$1,000.00, color rojo, y el de RD$2,000.00, color azul.

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El dilema de los campesinos ocupantes de tierras del CEA

Temen fracase proyecto anunciado por el presidente Medina

Un agricultor señala una porción de terreno que asegura fue tomada por un militar.

SABANA GRANDE DE BOYÁ. Agricultores y ganaderos de este municipio de la provincia de Monte Plata se consideran dueños de terrenos productivos, pero no tienen títulos de propiedad formales. Los han ocupado por “herencia”, tras el ocaso de la industria azucarera. Amparándose en decretos presidenciales, reiteran la denuncia de que el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) está vendiendo o arrendando las parcelas a funcionarios, empresarios y militares.

Julio Mateo José asegura que cuando nació, hace 31 años, su padre ya tenía ocupadas 300 tareas que hoy están distribuidas entre los seis hijos. En el terreno tiene sembrado árboles frutales y cría seis vacas, a las que les extrae ocho galones de leche diarios para obtener ganancias.

Un miércoles, camina pocos metros desde la carretera, entre la yerba aún mojada por el rocío de la mañana. Al llegar a una empalizada, se detiene y señala hacia abajo, adonde se divisa el paso de un estrecho arroyo cercado por una empalizada.

En este punto externa una queja. Un teniente de apellido Rosario compró al CEA una finca contigua a la suya, y cuando el militar delimitó la propiedad, incluyó unas tres tareas de su finca. “Él (Rosario) me dice que él que no le compra terrenos al CEA, no tiene derecho, y él le está comprando al CEA”, dice Mateo.

Conversando con DL vía telefónica, el teniente Rosario -cuyo nombre prefirió reservarse-, confirma que compró 800 tareas. “Compré legalmente a una institución del Estado, que es el CEA, y no le he cogido nada a nadie (…) Ellos no tienen tierra, tienen posesión de tierra, pero legalmente no tienen ninguna tierra porque no tienen ningún papel”, dice.

Mediante el decreto 360-13, el presidente Danilo Medina derogó otro decreto, el 17-06, y ordenó al CEA “la paralización de ventas de tierras en las provincias Monte Plata, Hato Mayor y zonas aledañas”, hasta tanto se solucione una problemática existente con desalojados del Parque Nacional Los Haitises.

Ramón Jiménez, presidente de la Unión de Ganaderos, ocupa 60 tareas. Reconoce que eran zonas cañeras propiedad del CEA y del Instituto Agrario Dominicano (IAD).

“Ellos nunca se han puesto de acuerdo para resolver el problema”, dice.

Según registra la Oficina Nacional de Estadísticas, el municipio Sabana Grande de Boyá y sus distritos municipales Majagual y Gonzalo, tenían al 2010 un total de 31,096 habitantes. Cuantifica en más de 1,300 los parceleros en asentamientos campesinos, y la superficie de las parcelas en 84,762 tareas.

Jiménez estima que entre el 70% y 80% de los rubros que se producen en Sabana Grande de Boyá se cultivan en las tierras ocupadas. Además de los que viven en el municipio, distribuye a los afectados en Gonzalo, Los Mejía, Mata Seco y Cabeza de Toro.

“Hay gente que tiene más de treinta años produciendo y viviendo de eso”, indica Benítez. Asegura que desde el año 1996 el CEA y el IAD han estado interviniendo “para favorecer a poderosos, a militares, a funcionarios, irrespetando el decreto”.

En diciembre de 2013, el presidente Danilo Medina visitó Monte Plata y concedió un financiamiento de RD$31.2 millones a los ganaderos de Bayaguana, Don Juan, Juan Sánchez y Sabana Grande de Boyá, de los que RD$26.2 millones serán para adquirir 750 vacas. Sin embargo, el presidente de la Unión de Ganaderos de Sabana Grande de Boyá considera que el proyecto peligra “porque están sacando de sus terrenos” a los beneficiarios.

Dirigentes comunitarios de este municipio ya han presentado su queja ante la Presidencia de la República, funcionarios de la provincia y la misma prensa. También expresan que la intervención de las tierras ha motivado a delinquir a aquellos que se ven sin las fuentes de empleo que antes generaban las parcelas.

Jiménez entiende pertinente que el Estado venda los terrenos a los ocupantes a precios asequibles, para que puedan ser los propietarios legítimos. El día 9 de este mes, los ocupantes harán una protesta en el pueblo de Sabana Grande de Boyá, en contra del CEA. A pesar de que este periódico hizo los esfuerzos de hablar sobre la situación con Charlie Mariotti, senador por Monte Plata, el funcionario no pudo ser localizado.

¿Qué dice el CEA?

DL buscó una explicación de la Corporación Estatal del Azúcar (CEA). Vía la Dirección de Comunicaciones de la institución, se negó la venta de los terrenos.

“La institución solo está legalizando el estatus de ocupantes ilegales de terrenos propiedad del CEA”, se aseguró. “En casos de familias o personas que están ocupando terrenos de manera ilegal, se les está instando a esas personas a que paguen esas propiedades, o liberen o desocupen los terrenos”, dijo la institución estatal por escrito.

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Advierten que el Caribe debe prepararse ante el ébola

SAN JUAN. El ministro de Salud de Barbados, John Boyce, dijo que los países miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom) deben prepararse para combatir la amenaza que supone la llegada del ébola a la región.

En un video difundido ayer en la dirección en Internet de Caricom, Boyce, actual director del Consejo de Desarrollo Humano y Social del organismo, pidió a los ministerios de salud de los países de la región que eduquen a sus ciudadanos sobre cómo se transmite el virus, sus síntomas y cómo pueden prevenir el contagio.

“La región tiene que unirse y cumplir con las regulaciones sanitarias internacionales para que continúe accesible todo tipo de asistencia dirigida a atender estos problemas de salud”, dijo Boyce.

En seis meses, el ébola ha infectado a 6,553 personas y ha causado la muerte de 3,100 en África, lo que la ha convertido en la mayor epidemia de esta enfermedad jamás registrada desde que el virus se descubrió en 1976.

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Bosques primarios no son recursos renovables

Es más importante detener la deforestación que tratar de "reforestar" las áreas destruidas

Foto Creative Commons

Se ha elaborado una estrategia mundial para conservar los seres vivos y los ambientes en que estos viven, porque, entre otras razones, en esos seres vivos, muchos de los cuales no han sido ni siquiera estudiados, puede estar la solución a los problemas de salud y alimentación que agobian a la humanidad. 

El factor que más contribuye a la desaparición de la biodiversidad es la destrucción de los hábitats, sobre todo cuando se trata de bosques primarios, formados hace miles de años y cuya restauración es imposible. Este tipo de bosque no es, como pretenden algunos partidarios de la tan cacareada "reforestación", un recurso renovable. Yo puedo reproducir una planta por medios artificiales y conservar la especie indefinidamente. Pero no puedo hacer lo mismo con un bosque primario. 

Una hectárea arrasada en el Parque Bahoruco, por ejemplo, es irrecuperable. Todos los esfuerzos humanos por restaurarla serían inútiles, porque las relaciones que se dan entre sus diferentes componentes son tan complejas y sutiles que resultan irrepetibles. Además, cuando destruimos un bosque primario, desaparecen con él un sinnúmero de especies endémicas que no lograrían restituir millones de años de recuperación espontánea. Un bosque natural es un ser vivo y su extinción, como la de los otros seres vivos, es también para siempre. 

Por eso es más importante detener la deforestación que tratar de "reforestar" las áreas destruidas, tarea casi siempre inútil y en algunos casos peligrosa, porque crea la ilusión de que los programas de "reforestación" son una alternativa a la destrucción de los bosques primarios. De hecho, algunos "especialistas" comparan el "índice de deforestación" (área deforestada), con el "índice de reforestación" (área reforestada), considerándolo un indicador confiable de la conservación de la cobertura boscosa. 

Otro error común es creer que el aumento de la cobertura vegetal es una buena noticia para la conservación de la biodiversidad y un indicador de que nuestros bosques están creciendo. Ese incremento de la mancha verde que se observa en las fotos de los satélites, puede ser consecuencia indirecta de la deforestación: al destruir la vegetación natural, prosperan especies invasoras (muchas de ellas extranjeras) que, al no tener competencia, se extienden más allá del área alterada, creando la falsa impresión de que aumentó la superficie boscosa. 

La introducción de especies extranjeras invasoras ocupa el segundo lugar entre los factores responsables de la extinción de animales y plantas, principalmente en los ecosistemas isleños. Lo de que ocupa el segundo lugar es relativo, pues muchas veces la destrucción o degradación de los hábitats, que es el principal, es causada por una planta introducida, resistente y prolífica, que sustituye poco a poco la vegetación natural, como ocurre con el Pino Australiano y el Nim. 

Por eso resulta preocupante el poco o ningún control que existe en algunos aeropuertos privados, por donde entra y sale todo tipo de material animal o vegetal, sin la supervisión de los técnicos de los organismos correspondientes. Este descuido no sólo amenaza la supervivencia de nuestra biodiversidad, sino que podría conducirnos a otra tragedia como la fiebre porcina, que nos obligó a eliminar los puercos criollos, y de cuyo efecto devastador no se han recuperado aún los campesinos pobres de nuestro país.

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