SANTO DOMINGO. El estudio Marco Programático Presupuestario 2012-2016, realizado por Ciudad Alternativa, señala que en el país existe un déficit habitacional de 2.1 millones de viviendas (2,120,783) basado en un análisis de los datos del Censo 2010 realizado por la Oficina Nacional de Estadísticas en el que se tomaron en cuenta variables de viviendas y de núcleo familiar.
El economista Rafael Jovine explicó que el estudio que aborda el déficit de viviendas está compuesto por carencias cuantitativas y cualitativas.
Desde el espectro cuantitativo, en el que se abarca la cantidad de viviendas habitadas que necesitan ser reconstruidas, y la cantidad de personas que viven en calidad de “arrimados”, en referencia a más de un núcleo familiar bajo el mismo techo. En este caso, el déficit es de 972 mil viviendas. En tanto que el déficit cualitatitvo, en el que se encuentran las viviendas con carencia de servicios básicos o viviendas en calidad de recuperables el déficit es de 1.1 millones de viviendas. Expone que de manera particular en los barrios de la cuenca baja del río Ozama, constituida por los barrios Simón Bolívar, 24 de Abril, Domingo Savio, Gualey, Ensanche Ozama, Los Mina Viejo y Los Tres Brazos existe un déficit cualitativa de 29,739 viviendas, con deficiencias recuperables. Mientras que de forma cuantitativa de 22,618 viviendas en situación de irrecuperables o con más de un núcleo familiar en su seno. Citando datos de la Cuenca del Ozama, al borde del riesgo, realizado en 2014.
Pobre política pública
Jovine llama a la preocupación de que la política de Estado agudiza a largo plazo la situación del déficit. “La caída en la cantidad de proyectos programados y en los niveles de inversión en viviendas coincide con la entrada en vigencia de la Ley 189-11 de Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso, legislación mediante la cual sólo en 2013 se exoneraron impuestos por RD$1,342.8 millones al sector inmobiliario, más de lo presupuestado al Instituto Nacional de la Vivienda en su cartera de proyectos de ese año”, expone en sus conclusiones.
Explica que, además, “con esto se agudizan las barreras para el acceso a una vivienda digna a la población de menores recursos del país, la cual sólo cuenta con el Estado para poder acceder a un derecho ciudadano básico establecido a nivel Constitucional y ratificado en leyes y decretos sectoriales”.
A esto, Jovine suma los requerimientos económicos que son inalcanzables por el 80% de los dominicanos con salarios por debajo de los RD$25 mil al mes.
El economista con máster en políticas sociales señala que en el Proyecto plurianual de la inversión se proyecta la construcción de unas 20,050 viviendas entre los años 2013-2016 como metas a corto plazo para capear el déficit, que aunque insuficiente, tampoco sería alcanzando.