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jueves, 13 de noviembre de 2014

LeBron James sólo quiere que sus hijos jueguen baloncesto, 'soccer' y béisbol

Bryce Maximus, de 7 años, es un fanático del fútbol y LeBron Jr., de 10, está en el baloncesto

LeBron James, estelar de la NBA habó sobre los deportes que prefiere para sus hijos (ap).
LeBron James, estelar de la NBA habó sobre los deportes que prefiere para sus hijos (ap).
HOUSTON.-  El mejor jugador de la NBA, el alero LeBron James, de los Cavaliers de Cleveland, afirmó que no permite que sus dos hijos, LeBron Jr. y Bryce Maximus, practiquen el fútbol americano sino baloncesto, 'soccer' (fútbol) y béisbol.

Aunque James jugó fútbol americano cuando era colegial y ocupaba la posición de receptor abierto, lo dejó después de que se fracturó una muñeca durante el descanso de la competición.

En declaraciones a varios medios de comunicación encabezados por la cadena ESPN, James admitió que no permitía que sus hijos jugaran el deporte más importante en Estados Unidos, el fútbol americano, y la razón no era otra que los peligros que acarrea para la salud.

A la pregunta concreta sobre si los motivos de la "prohibición" estaban relacionados con el asunto de los peligros físicos y de salud que se corren con el fútbol americano, James respondió con un "sí".

"En mi casa sólo se permite practicar el baloncesto, béisbol y soccer", señaló James, que antes de brillar en el basquetbol colegial jugó como receptor en el equipo de fútbol americano del St.Vincent-St.Mary High School, en Akron (Ohio).

James, que en el pasado dijo que el fútbol americano era su primer amor, mantiene su gran pasión y afición por la NFL.

Bryce Maximus, de 7 años, es un fanático del fútbol y LeBron Jr., de 10, está centrado en el baloncesto como su padre.

Leonel Fernández ve imposible que República Dominicana pueda acatar el fallo de la Corte IDH

Leonel Fernández durante su intervención en la OEA.
Leonel Fernández durante su intervención en la OEA.
WASHINGTON. El expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, consideró imposible que el país pueda acatar el fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) que le ordena otorgar la nacionalidad incondicionalmente a los hijos de extranjeros que residan ilegalmente en el territorio dominicano.

"Eso que ordena la Corte sería posible aquí en los Estados Unidos, donde todo el que nace en este territorio es automáticamente y de pleno derecho norteamericano. Lo mismo ocurriría en Canadá o en varios de los Estados de América Latina y el Caribe, que admiten el sistema del jus solis incondicional", sostuvo Fernández.

"No ocurriría lo mismo, sin embargo, en la República Dominicana, donde no existe el jus solis automático, y por consiguiente, no se adquiere la nacionalidad dominicana por el simple hecho de haber nacido en nuestro territorio", puntualizó el exmandatario dominicano.

Fernández, quien además es presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), fijó su posición al respecto en el marco de una conferencia que dictó en la sede de la OEA, invitado por la Cátedra de las Américas. 

El fallo de la CIDH ordena a la República Dominicana "adoptar las medidas necesarias para dejar sin efecto toda norma de cualquier naturaleza, sea ésta constitucional, legal, reglamentaria o administrativa, así como toda práctica o decisión o interpretación, que establezca o tenga por efecto que la estancia irregular de los padres extranjeros motive la negación de la nacionalidad dominicana a las personas nacidas en el territorio de República Dominicana".

"La negación del derecho que tiene República Dominicana de no adoptar este sistema, constituye una clara vulneración de la soberanía de nuestro país", indicó Fernández.

El líder político destacó que en su sistema de reconocimiento de la nacionalidad, la República Dominicana no está sola, y citó un informe del Centro de Estudios de Migración, de los Estados Unidos, el cual señala que de los 194 Estados Miembros de las Naciones Unidas, sólo 30 admiten el sistema de jus solis sin ninguna condición, "lo que quiere decir que 164, entre los que se encuentran la República Dominicana, Haití y Costa Rica, han optado por no reconocer automáticamente la nacionalidad de las personas que nacen en sus respectivos territorios".

Según Fernández, a nivel mundial la tendencia de los países ha sido la de restringir el otorgamiento de la nacionalidad de forma automática, debido principalmente al volumen de la inmigración, que ha hecho insostenible para algunos Estados continuar con el jus solis incondicional.

"Por lo tanto, podemos ver que existe una multiplicidad de sistemas legales y legítimos en el Derecho Internacional, y no un modelo único de validez universal que otorgue la nacionalidad a una persona por la vía del jus solis, esto es, por el solo hecho de haber nacido en un territorio determinado", indicó Fernández.

"Por todo lo antes indicado, el Estado dominicano está impedido de acoger y acatar esta decisión de la Corte Interamericana, en razón de que, primero, nuestra Constitución ya establece un sistema de otorgamiento de la nacionalidad; segundo, la Convención de la Haya reconoce la facultad de los Estados soberanos de legislar internamente el tema de la nacionalidad; tercero, por la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana; cuarto, por el fallo de nuestra Suprema Corte de Justicia; y quinto, por la decisión del Tribunal Constitucional Dominicano, intérprete último de nuestra Ley Sustantiva", sostuvo el exjefe de Estado dominicano.

Ministra de Salud Pública, sugiere el CNSS asuma compromiso

Altagracia Guzmán Marcelino, ministra de Salud Pública.
Altagracia Guzmán Marcelino, ministra de Salud Pública.
SANTO DOMINGO. La ministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán Marcelino, abogó porque el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) y todos los sectores involucrados en el Sistema de Seguridad Social asuman el compromiso necesario para enfrentar el tema del co-pago o cobros de las diferencias médicas por servicios de salud y otros aspectos cruciales.
Al ser entrevistada por los periodistas en torno al tema, al participar como invitada por la Comisión Permanente de Salud Pública de la Cámara de Diputados, la funcionaria precisó que con ese tema, el de las tarifas, las subvenciones, el aumento del tope de los medicamentos y otros obligan a todos los sectores a que “debemos irnos al fondo para comenzar a hacer lo que hay que hacer”.
Al preguntársele que es lo que hay que hacer, respondió: “entre otras cosas se necesita que esta materia la asuma el Consejo Nacional de la Seguridad Social con todo el compromiso”.
Destacó que el Congreso Nacional debe abocarse a modificar aspectos puntuales de la Ley No. 87-01, que crea el Sistema de Seguridad Social.
Recordó que el tema salud no es sólo del Estado, del Ministerio de Salud Pública, de las clínicas privadas, de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) o de otros sectores, sino que es un tema de todos. Insistió que el mismo se inscribe en la necesidad de que en el Sistema de Seguridad Social se haga “lo que nunca se ha hecho”.
Optimizar recursos SP
Guzmán Marcelino fue cuestionada sobre el presupuesto recibido por el Ministerio de Salud Pública para el 2015 y los problemas que enfrenta esa cartera.
La ministra es partidaria de que los recursos económicos sean optimizados, que exista una mayor transparencia en el manejo de los mismos, y que se mejore la gestión. “Óigame bien, los recursos que existen hay que optimizarlos, número uno. Número dos: que los recursos que existen hay que manejarlos con la mayor de las transparencias”, expresó.
Puso como ejemplo que cuando algo se compra de forma no transparente se deja de usar ese dinero para otras cosas necesarias.
Transparencia
“Pero por más dinero que usted tenga, usted no ve gente millonaria que al otro día esta pobre? Votan el dinero y eran millonarios. No supieron manejarlos”, analizó. Se le preguntó si eso ocurrió en Salud Pública, respondió que no, y argumentó que sólo ponía el ejemplo de lo que le puede ocurrir a una persona. Su respuesta ocasionó risas entre los presentes.

Juez ordena notificar pruebas caso Félix Bautista

os imputados argumentan que se violan sus derechos

Alejandro Moscoso Segarra, juez de la SCJ.
Alejandro Moscoso Segarra, juez de la SCJ.
SANTO DOMINGO. El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Alejandro Moscoso Segarra, dispuso que la Procuraduría General de la República notifique al senador Félix Bautista y los demás imputados los elementos de pruebas que sustenta la acusación presentada en su contra.
El magistrado adoptó la decisión, a los fines de que el secretario de Organización del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), así como Soraida Antonia Abreu Martínez, José Elías Hernández García, Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, Carlos Manuel Ozoria Martínez, Gricel Aracelis Soler Pimentel y Bienvenido Apolinar Bretón Medina puedan responder los fundamentos en que se basan la imputación formulada por el Procurador Francisco Domínguez Brito.
La medida fue puesta en conocimiento del Ministerio Público mediante auto, tramitado por la secretaría general de la SCJ.
El 22 de octubre, el Procurador presentó formal acusación en contra del legislador, a quien acusa de presunto atentado contra la Constitución, falsedad de escritura pública, falsedad de escritura privada, uso documento falsos, prevaricación, desfalco y asuntos incompatibles con la calidad de funcionario público.
Los cargos en contra de los demás imputados son alegada complicidad en los hechos. Plantea que en el curso de la investigación realizada y contenida en la acusación, presuntamente se pudo determinar que, con el producto de las acciones ilícitas que cometió en contra del Estado, Bautista alegadamente obtuvo para sí y sus relacionados bienes muebles e inmuebles, adquiridos a su nombre propio, así como de sus empresas y personas relacionadas.
Asegura que para ello contó con la supuesta participación activa de los demás imputados, junto a los cuales desarrolló un amplio circuito de lavado de activos, “para tratar de dar apariencia de licitud al dinero ilícito que obtenía como consecuencia de las acciones ilícitas que cometiera en contra del Estado dominicano”.
Bautista se declaró como “víctima de una persecución política del procurador”, porque lo ve como uno de sus grandes obstáculos. Atribuye esa situación al bloqueo de bienes inmuebles dispuesto por la Procuraduría, con notas de advertencias u oposiciones.
Domínguez Brito ha rechazado de que sea una retaliación política la acusación y solicitud de prisión preventiva en contra Bautista, porque en todos los casos de supuesta corrupción que ha trabajado siempre se utiliza el mismo argumento. Manifiesta que la acusación, contentiva de una solicitud de prisión preventiva y acusación por hechos graves de corrupción y lavado, es la culminación de una investigación de más de un año.
Los abogados de la defensa de Bautista, Juan Antonio Delgado, Pedro Balbuena y Ramón Emilio Núñez, argumentan que el plazo para la notificación de las pruebas venció, por lo que se está violando el derecho de defensa y el debido proceso en el caso.
Mientras que la Procuraduría General de la República está representada en el caso por el adjunto, Pedro Castillo Díaz, la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Laura Guerrero Pelletier, Pelagio Alcántara y Narciso Escaño.
La devolución
La defensa argumenta que el artículo 298 del Código Procesal Penal establece los procedimientos cuando se presenta una acusación. Dispone que cuando se presenta la acusación, el secretario del tribunal notifica a las partes e informa al Ministerio Público que ponga a disposición de esta los elementos de prueba reunidos durante la investigación, quienes pueden examinarlos en el plazo común de cinco días, objetar requerimientos y oponer las excepciones.

Reconoce debilidades del sistema carcelario de la República Dominicana

El Procurador General de la República dice no tiene miedo en su lucha anti-corrupción

Francisco Domínguez Brito
SANTIAGO. El procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito reconoció las debilidades del sistema carcelario del país, reflejado básicamente en el hacinamiento en que viven los reos o internos.
En ese sentido, dijo que para conjurar la falta de espacios se necesitan unos RD$3,500 millones, con los cuales se construirían diferentes centros de reclusión en diferentes regiones del país. “Es cierto, tenemos grandes limitaciones en nuestras cárceles, con una sobre-población que aumenta cada día, sólo en La Victoria tenemos más de ocho mil personas, más gente que en una comunidad urbana o rural”, subrayó.
Domínguez Brito recibió el respaldo de asociaciones empresariales e industriales de Santiago en su lucha contra la corrupción, en un acto celebrado en el edificio Empresarial de esta ciudad. Expresó que no tiene temor ni miedo en su accionar contra los corruptos, ya que esa es la misión del Ministerio Público.
“La lucha contra la corrupción se enmarca en una parte de los controles y la otra en la persecución, entiendo que el Gobierno ha dado demostraciones de que se maneja con transparencia, y les puedo citar los sorteos de las escuelas públicas y las licitaciones nacionales e internacionales que se hacen para las compras y contrataciones de obras y servicios”, puntualizó el Procurador.
Aseguró que en el país se está trabajando para fortalecer el sistema democrático.
En cuanto a los sucesos de la cárcel de Najayo, Domínguez Brito dijo que está comprobado que partió del crimen organizado, pero que hay que esperar las conclusiones de las investigaciones.

Deuda rompe el techo del 50%, y FMI pide ampliar impuestos

Przemek Gajdeczka recomienda incrementar los ingresos fiscales

Gajdeczka, en una rueda de prensa junto a funcionarios.
Gajdeczka, en una rueda de prensa junto a funcionarios.
SANTO DOMINGO. El Fondo Monetario Internacional (FMI) recomienda al Gobierno a continuar con la consolidación fiscal “para reforzar la sostenibilidad de la deuda y reducir las necesidades de endeudamiento externo”.
Esta recomendación está acompañada de un tono más firme y específico sobre la evolución de la deuda pública total del Estado dominicano en lo que resta del año.
Ya no se trata de un vaticinio basado en probabilidades sobre algo que “casi” o que “podría” pasar, tal como lo recogieron los medios este miércoles, tras ser entrevistado en el Palacio Nacional, Przemek Gajdeczka, jefe de la misión del FMI que visitó el país entre el 3 al 12 de noviembre de 2014.
Ahora, las palabras del Fondo denotan certezas: factores como la reducción en las transferencias fiscales para la recapitalización del Banco Central. y el aumento de los atrasos ante las empresas de generación “incrementarán la deuda total del sector público consolidado a más de 50 por ciento del PIB a fines de 2014”.
Traspasado ese umbral sicológico en las cifras oficiales, el incremento representará una alza acumulada de 18 puntos porcentuales del PIB desde 2008, estima el organismo.
Por esa razón, el FMI recomienda continuar con la “consolidación fiscal”, una expresión que se ha escuchado de forma repetida antes de cada reforma tributaria que se ha ejecutado desde 2004.
En su declaración, Gajdeczka aconseja que la consolidación o reforma tributaria sea reorientada a aumentar los ingresos, en lugar de la reducción del gasto de capital.
Y reitera la importancia de reanudar la recapitalización del Banco Central, tal como lo dispone la ley de 2007, “lo cual contribuirá a fortalecer la credibilidad del marco monetario”.
En un contexto en que las perspectivas a corto plazo “parecen ser más favorables” de lo que se anticipó en la consulta del Artículo IV correspondiente a 2014 (al crecer la economía en 7% durante enero y septiembre de 2014, en comparación con el 4.6% del 2013), Gajdeczka señala que “el rápido crecimiento del crédito bancario al sector privado es un factor que merece ser vigilado de cerca”.
Sin embargo, observa que los indicadores del sistema financiero son, “en términos amplios, satisfactorios” Estima que a septiembre de 2014, el coeficiente promedio de suficiencia de capital del sistema bancario del país era 15.4 por ciento, y que el coeficiente de préstamos en mora de la banca bajó a 1.7 por ciento.
Un esfuerzo insuficiente
En su comunicado del 13 de junio pasado, como conclusión de la consulta del Artículo IV del convenio con el país, el FMI estimó que la deuda pública consolidada estaba cerca del 48% del PIB, frente al 35% en 2008. En esa ocasión reconoció que las metas fiscales del Gobierno para el 2014 contemplaban una nueva reducción del déficit consolidado a un 4.2% del PIB. “Pero esto puede que no sea suficiente”, comentó, para colocar el coeficiente de la deuda púbica en una trayectoria descendente.

Dice acusado suplía medicamentos alterados al Estado

El Ministerio Público pide apertura a juicio en contra de los imputados

José del Carmen Cruz es un dirigente reformista.
José del Carmen Cruz es un dirigente reformista.
SANTO DOMINGO. El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional fue apoderado de la acusación en contra del dirigente reformista José del Carmen Cruz y otras cuatro personas, a las que acusa de alegadamente etiquetar medicamentos vencidos colocándoles fecha actualizada, a fin de comercializarlos.
La acusación de la Fiscal Yeni Berenice Reynoso establece que según un informe del Ministerio de Salud Pública, producto del consumo de la bupivacaína, mas de cinco parturientas en distintos hospitales publico del país, han perdido la vida.
Plantea que esas muertes tienen un punto en común, “el suministro del anestésico bupivacaína, cuyo medicamento, según allanamiento, los registros aduanales de importación y del Departamento de Drogas y Farmacias del Ministerio de Salud Pública, era uno de los tantos importados y distribuidos por los imputados y sus empresas”.
Sostiene que el modus operandi de la alegada red criminal consistía en traer medicamentos vencidos o por vencer al país, falsificarle la fecha poniéndole otra de caducidad.
Indica que producto de esa maniobra fraudulenta, daban precios muy competitivos, “lo que lo convirtió en uno de los principales suplidores del Estado, a quien vendían como válido medicamentos adulterados en cuanto a la fecha de vencimiento y su género”.
Manifiesta que debido a las múltiples maniobras fraudulentas y engañosas empleadas por los imputados, sus empresas y ellos han obtenido ganancias por cientos de millones de pesos, producto de la compra directa que le hacían el Estado a través de los hospitales públicos y Promese/Cal.
A los imputados se le incautaron 63 bienes, entre ellos 36 inmuebles.
La acusación destaca que entre los inmuebles están dos ubicados en la Autopista Duarte, valorados en RD$33 millones y RD$60 millones, y otro situado en el ensanche La Fe, tasado en RD$13 millones.
Valores
La Fiscalía observa que los cuatro imputados poseen valores certificados por RD$118 millones, producto de deudas pagadas por el Estado mediante bonos, por concepto de compra de medicamentos. Asimismo, que como consecuencia de la investigación está inmovilizada en el sistema financiero la suma de RD$20.7 millones, los cuales están a nombre de los imputados José del Carmen Cruz, Miguelina Martínez, Michael José Cruz Gómez y Ana Luisa Cruz Gómez y sus empresas, lo cual se confirma mediante certificación expedida.