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jueves, 20 de noviembre de 2014

Retorna normalidad en Las Terrenas después de fuertes protestas

La suspensión de las protestas es por 48 horas para dar tiempo a la Superintendencia de Electricidad

El municipio Las Terrenas fue escenario de fuertes manifestaciones desde el pasado viernes. (Foto de fuente externa)
El municipio Las Terrenas fue escenario de fuertes manifestaciones desde el pasado viernes. (Foto de fuente externa)
SANTO DOMINGO.-La normalidad retornó a la turística comunidad de Las Terrenas, en la provincia de Samaná, luego de que fueran suspendidas por 48 horas las protestas que patrocinaban diversas organizaciones por el alto costo de la energía eléctrica, lo que dejó un saldo de dos personas muertas y más de treinta detenidos.

Una comunicación de prensa del Ministerio de Turismo, dice que la decisión fue tomada por las organizaciones luego de reunirse con representantes del Gobierno y de altos jefes militares y policiales.

La suspensión es por 48 horas para dar tiempo a que la Superintendencia de Electricidad busque una solución al conflicto.

Además de funcionarios de la Superintendencia participaron en el encuentro funcionarios del Ministerio de Turismo, encabezados por el viceministro Fausto Fernández y el viceministro y director de Comunicaciones, Napoleón de la Cruz.

Ambos se presentaron a Las Terrenas para colaborar en la búsqueda de la solución al conflicto, tomando en cuenta que es una zona totalmente turística.

Los fuertes enfrentamientos, que iniciaron el viernes pasado, causó la muerte el domingo del joven Benjamín Casillas, mientas transitaba por la localidad de Los Puentes y un árbol derrumbado por los manifestantes le cayó encima. 

El segundo fallecido fue identificado como Cesáreo de Gracia, quien supuestamente fue baleado por agentes de la Policía Nacional en la tarde de ayer martes. Su cadáver fue paseado por familiares en las calles exigiendo justicia. Mientras que fueron reportados cuatro heridos, entre ellos una menor de once años.

Barack Obama anunciará hoy medidas migratorias

WASHINGTON. En una dura prueba para su poder ejecutivo, el presidente Barack Obama declaró ayer que se brincará al Congreso, y ordenará una serie de acciones ejecutivas en materia migratoria, medidas que podrían proteger de la deportación a cerca de cinco millones de personas que residen en el país sin autorización.
El mandatario declaró que Washington ha permitido que el problema inmigratorio de Estados Unidos “supure demasiado tiempo”.
Obama aprovechará un mensaje programado para hoy a las 8:00 p.m., para anunciar dichas medidas, y firmará los decretos correspondientes durante un acto en Las Vegas el viernes. Con ello, el mandatario estará tomando una postura arrojada que en algún momento insistió estaba más allá de sus poderes presidenciales.
Hasta cinco millones de inmigrantes que viven sin permiso en el país podrían quedar protegidos de la deportación y cumplir los requisitos para recibir un permiso de trabajo contemplado en el plan.
No obstante, no se crearía un mecanismo para naturalizar a los beneficiados, y las medidas podrían ser derogadas por un nuevo presidente dentro de dos años. Funcionarios dijeron que los inmigrantes beneficiados por el plan no tendrían derecho de recibir prestaciones federales.
El cálculo de cinco millones incluye extender protección de las deportaciones a los padres y cónyuges de ciudadanos estadounidenses y de residentes permanentes que hayan estado en el país por cinco años. También es probable que el presidente expanda el programa que decretó hace dos años que protege a jóvenes inmigrantes de la deportación.

El Gobierno y las FARC acuerdan liberación del general Rubén Darío Alzate

Negociadores de paz reanudarán diálogos cuando se concrete liberación de general

Rodolfo Benítez, garante de Cuba, y Rita Sandberg, de Noruega.
Rodolfo Benítez, garante de Cuba, y Rita Sandberg, de Noruega.
LA HABANA. El Gobierno de Colombia y las FARC han llegado a un acuerdo sobre las condiciones para liberar al general Rubén Darío Alzate y a otras cuatro personas más secuestradas por la guerrilla, anunciaron ayer en La Habana representantes de Cuba y Noruega, países garantes del proceso de paz.
“Las liberaciones se llevarán a cabo a la mayor brevedad posible”, indica el comunicado leído por Rodolfo Benítez, representante de Cuba, y Rita Sandberg, de Noruega ante los medios de comunicación.
Además del general Alzate, serán liberados el cabo Jorge Rodríguez y la abogada al servicio del Ejército, Gloria Urrego, todos capturados el pasado domingo en una zona conflictiva del departamento de Chocó, en el oeste colombiano.
El acuerdo también incluye la puesta en libertad para los soldados César Rivera y Jonathan Díaz, secuestrados por las FARC el pasado 9 de noviembre después de un combate en Arauca, en la frontera este con Venezuela.
Las condiciones para la liberación de estas cinco personas, que incluyen la participación de los países garantes y del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), serán similares “con las acordadas para otros tipos de operaciones realizadas en el marco del proceso de paz”.
Cuba y Noruega agradecieron en su comunicado “la actitud constructiva” del Gobierno de Colombia y las FARC, al tiempo que reiteraron su “firme apoyo” a los diálogos de paz, que cumplieron este miércoles dos años desde que se iniciaron en La Habana.
Los países garantes manifestaron que “continuarán contribuyendo en todo lo posible para lograr un acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en Colombia”.

El presidente Medina entrega otras 104 viviendas

Fueron construidas en provincia Independencia

Parte del proyecto “Invi Villa Progreso Duvergé”.
Parte del proyecto “Invi Villa Progreso Duvergé”.
VENGAN A VER, INDEPENDENCIA. El presidente Danilo Medina entregó ayer 104 nuevas viviendas a igual número de familias en dos proyectos construidos en esta localidad y Cristóbal, a un costo de RD$110 millones.
Las casas fueron construidas con fondos de la Corporación Andina de Fomento (CAF), a través del Programa de Desarrollo Urbano y Hábitat.
“Invi Villa Progreso Cristóbal II” consta de 64 viviendas, con dos dormitorios, sala, comedor, cocina y un baño, en edificios de dos niveles. Este proyecto se levantó a un costo de RD$63 millones.
Mientras que el complejo “Invi Villa Progreso Duvergé”, levantado en la comunidad “Vengan a Ver”, consta de 40 viviendas distribuidas en edificios de dos niveles, con tres habitaciones, sala, comedor, cocina y baño, y fue construido a un costo de RD$47.8 millones.
De acuerdo con el alcalde Cruz Amaury Vólquez, la idea del proyecto surgió cuando el actual presidente era candidato, y destacó que el mandatario se ha convertido en el padrino de la provincia Independencia.
El edil aprovechó la presencia del mandatario y de algunos de sus funcionarios para solicitar otras obras como el asfaltado de las calles, tanto en “Vengan a Ver”, como en la sección Baitoa; una cancha, un play, un liceo y un minibús para los estudiantes universitarios.
De todas esas peticiones minutos después de reclamarla, el Gobierno respondió con la promesa de entregar en los próximos días el minibús y construir el play y la cancha.
Otra inauguración
Más temprano, el presidente Medina asistió a la inauguración
de la nueva área de procesamiento de frutas de la empresa Nikay Bio-Proceso en San Cristóbal.
Para la habilitación de las instalaciones la empresa contó con un préstamo del Gobierno de RD$19 millones, dispuestos a través del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) y del Banco Agrícola.
Proyectos
En medio del clamor de habitantes para que el presidente Danilo Medina acepte buscar la reelección, la directora del Instituto Nacional de la Vivienda, Alma Fernández anunció que en los próximos 15 días serán iniciados dos proyectos habitacionales en Postrer Ríos y Duvergé, cada uno de 64 viviendas para familias de escasos recursos económicos. Indicó que en ocho o nueve meses el Presidente tendrá que volver a inaugurar esas obras

República Dominicana y Haití se reúnen por sexta ocasión

PUERTO PRÍNCIPE. La Sexta Sesión de la Comisión Mixta Bilateral Domínico-Haitiana se realizó con una nutrida representaciones de ambos países, y con el interés de alcanzar acuerdos concretos en beneficios de ambas partes.
El director ejecutivo dominicano en la Comisión, Martínez Villanueva, saludó el relanzamiento de los trabajos en nombre del presidente Danilo Medina y del canciller Andrés Navarro, al tiempo que resaltó el interés del gobierno dominicano porque del encuentro emanen acuerdos concretos para el bienestar de los dos países.
“El presidente Danilo Medina y el ministro de Relaciones Exteriores, arquitecto Andrés Navarro, les comunican que nuestra misión es poner a punto para ser suscritos una serie de acuerdos para fomentar una nueva vida comercial, económica y social entre las dos naciones”, refirió Martínez Villanueva.
La sesión fue abierta por el canciller de Haití, Duly Brutus, tras pronunciar un discurso en el que resaltó que los “objetivos de desarrollo de Haití son compatibles con los de la República Dominicana, y ponderó el instrumento de la Comisión Bilateral como mecanismo idóneo para fomentar el entendimiento en todos los temas de interés común, incluyendo el migratorio.
“Estamos aquí para celebrar la amistad entre los dos países, en esta reunión que demuestra la voluntad política para hacer funcionar este mecanismo que celebra sus 35 años, y que lo completa un mecanismo de Diálogo de Alto Nivel establecido en 2013 para crear mejores condiciones”, dijo.

Juez de la Suprema Corte de Justicia conocerá otra petición de la Procuraduría contra Félix Bautista

Domínguez Brito dijo el levantamiento de las oposiciones no le quita el ánimo

El senador Félix Bautista.
El senador Félix Bautista.
SANTO DOMINGO. El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Frank Soto Sánchez, fue apoderado de otra solicitud de medidas cautelares para la inmovilización de fondos e incautación de bienes al senador Félix Bautista, interpuesta por el procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito.
La designación del magistrado fue hecha por el presidente de la SCJ, Mariano Germán Mejía, mediante auto No.91-2014.
Domínguez Brito elevó un requerimiento de pronto despacho por ante la SCJ, solicitando una orden judicial de medidas cautelares para la inmovilización de fondos, incautación de bienes inmuebles, aeronave, emisoras de radio y/o frecuencias. Asimismo, solicita radicar oposición a traspaso de bienes inmuebles, emisoras y/o frecuencias radiales, acciones o cuotas de compañías titulares de éstas.
Considera que más que urgente, es apremiante que sea conocida la autorización u orden judicial de medida cautelar, a los fines de que los fondos y bienes se mantengan inmovilizados al amparo de la justicia, estén disponibles, y no puedan ser distraídos, hasta tanto la autoridad jurisdiccional dicte decisión ordenando el decomiso o no de los mismos. Entiende que, a pesar de la gravedad de la acusación, cuyo conocimiento compete excepcionalmente a la SCJ, en razón del cargo de Bautista, “la presidencia de la Suprema Corte de Justicia no ha procedido a pronunciarse respecto a dicha solicitud”.
Expuso que la petición fue formulada el 27 de octubre. Precisa que el 22 de ese mes fue instrumentada formal acusación en contra de Bautista y otras personas. Considera que conforme a la investigación financiera de los supuestos ilícitos de corrupción y lavado de activos, se pudo comprobar que Bautista, Soraida Antonia Abreu Martínez, José Elías Hernández García, Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, Carlos Manuel Ozoria Martínez, Gricel Aracelis Soler Pimentel y Bienvenido Apolinar Bretón Medina.
El procurador
El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, afirmó que el país necesita vencer la cultura de la impunidad. Asimismo, cree que la nación debe unirse para tener claro que el patrimonio no es para nadie en particular. “Si los organismos no juegan su rol, indudablemente que se deteriora todo lo que es el estado de derecho, las instituciones pierden fuerza y la población pierde confianza en sus instituciones que están llamadas a protegerla”. Rechazó que la Procuraduría haya violado el debido proceso en las oposiciones en el caso.

Juristas definen como trascendental la reforma del Código Penal

Entienden que se adapta a los tiempos actuales, y es más abarcadora en las sanciones

Antonio (Negro) Veras.
Antonio (Negro) Veras.
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SANTO DOMINGO. La modificación del Código Penal, que incluye el principio del cúmulo de penas de hasta 60 años, sanciones a delitos como el sicariato, invasión y ocupación de tierras y otras infracciones con tipificaciones no esclarecidas en la legislación, constituye un punto trascendental para el país.
El planteamiento fue hecho por los juristas Ramón Antonio Veras (Negro), José Lorenzo Fermín y el ex juez Manuel Ulises Bonelly, quienes valoraron como un paso de avance los cambios en la norma.
Las modificaciones comprenden penas de hasta 60 años de prisión, eleva la pena máxima de 30 a 40 años, castiga por muertes de violencia doméstica hasta 40, y el secuestro con penas máximas de entre 20 y 30.
También tipifica los crímenes horrendos, la invasión y ocupación de tierras, condena el terrorismo, el uso del “ácido del diablo” y el sicariato.
Negro Veras manifiesta que lo mejor de la sociedad dominicana debe ver con buenos ojos el nuevo Código Penal, en la forma en que está estructurado.
“La familia dominicana y todos los sectores sensatos del país, que se han mantenido reclamando que un nuevo instrumento legal sirva de garantía a la seguridad y a la convivencia civilizada de la sociedad dominicana, creo que debe ver como positiva la redacción y aprobación de ese nuevo Código Penal”.
Opina que en sentido general, la parte sana del país ha salido fortalecida, y que el Congreso Nacional ha tomado una decisión que pone su sentir en el pensamiento de la población.
Aunque aclaró que los instrumentos legales no eliminan los delitos en la sociedad, entiende que con esa norma se le manda un mensaje de aliento y esperanza, en la actual coyuntura. Fermín asegura que un Código Penal como el actual, con 130 años de vigencia y que se trata del mismo aprobado en 1884, en un mundo totalmente diferente, y una criminalidad desbordada y con características muy disímiles, desde hace décadas ameritaba una revisión a profundidad.
Observa que después de la Constitución de la República, ese instrumento es el más importante en la legislación. “Obviamente, en la forma y en el fondo ese proyecto que acaba de ser aprobado, implica un salto cualitativo determinante en nuestro país”.
Afirmó que los operadores de justicia penal tendrán mejores instrumentos para luchar contra la criminalidad.
Puntualizó que hay un remozamiento del catálogo de infracciones, y se trata de una norma estructurada totalmente diferente al actual y más racional. “Yo creo que es un instrumento moderno, eficiente, que es un avance significativo a lo que es el Código actualmente en vigencia”.
De su lado, Bonelly sostiene que el Código Penal fue adoptado en 1884, y que por primera vez se le ha sometido a “una inmensa reforma”.
Asegura que se trata de una norma moderna, acorde con la realidad actual, porque incorpora una serie de conducta propia de estos tiempos, y que el vigente no alcanzaba.
“Por ejemplo, una de las últimas novedades que se incorporó en el Código es la agravante de estafa a los casos de las llamadas estafas piramidales”.
Indica que el legislador sanciona esas acciones de manera más enérgica. Cree que permitirá un combate más enérgico de la criminalidad.
Supresión
El abogado Namphi Rodríguez, presidente de la Fundación Presidente y Derecho, valoró que la supresión de las penas de privación de libertad por los delitos de difamación e injuria simples constituye un avance institucional en el nuevo proyecto de Código Penal, así como la abrogación del régimen procesal agravado cuando los mismos se cometen contra funcionarios públicos.