SANTO DOMINGO. Una ciudad confortable y segura, que garantiza a sus ciudadanos el derecho constitucional al libre tránsito, debe contar con aceras adecuadas, en buen estado y sin obstáculos. El Distrito Nacional y otras ciudades del país aún tienen esta tarea pendiente.
Las aceras son superficies pavimentadas que se construyen con el propósito de facilitar la movilidad de los peatones en las zonas urbanizadas. En la República Dominicana, sin embargo, esta función ha sido limitada y hasta anulada en algunos lugares, debido a los usos inadecuados que se les da a estos espacios.
Sin que ninguna autoridad lo impida, con frecuencia las aceras son utilizadas como parqueos improvisados, basureros, zona de carga y descarga, depósitos de construcciones, talleres, paradas del transporte público, comedores ambulantes, escaparates de tiendas, y puntos de venta de una legión de vendedores informales. A esta lista se agregan los imbornales sin tapas y las rupturas y desniveles que muestran las aceras por falta de mantenimiento.
Los llamados a resolver los problemas generados por el mal uso de las aceras son los ayuntamientos. Según la ley 176-07, al Distrito Nacional y los Municipios (artículo 19) les corresponde el ordenamiento del tránsito de vehículos y de personas en las vías urbanas y rurales (literal a), y son responsables de normar y gestionar el espacio público (literal b). También es de su competencia la construcción y conservación de aceras (literal g), aunque por falta de recursos de esta parte se encarga generalmente el Ministerio de Obras Públicas.
La Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos es la estructura del Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) encargada de aplicar las normas que regulan los espacios públicos, la cual, según el director de Comunicación de la institución edilicia, Omar Liriano, envía todos los días brigadas a las calles, auxiliadas por militares, "que logran liberar múltiples espacios de la ciudad ocupados por particulares".
Liriano asegura que las aceras obstruidas se han convertido en un dolor de cabeza para el Ayuntamiento, pese a que han rescatado una gran cantidad de metros lineales y diariamente se hacen sometimientos por ese motivo en los dos tribunales municipales ubicados en Manganagua y en San Carlos.
Lamenta que el ADN no cuente con el personal represivo necesario para impedir que regresen las personas a esos espacios; pero para este fin, indica, han establecido acuerdos de trabajo con la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) y la Policía Nacional, "porque aunque la alcaldía tiene una policía municipal, no cuenta con miembros suficientes para que en cada sitio pueda dejar una persona cuidando".
A juicio de Liriano, la ocupación irregular de los espacios públicos no es un problema sencillo, porque tiene implicaciones de índoles social y económica "y en un Estado hay que ver todas las variables, y se tienen que ir asumiendo las violaciones poco a poco para ir regulándolas y disminuyéndolas con el tiempo".
El director de Comunicación del ADN se refirió en ese sentido a estudios realizados por el cabildo y por otras entidades, que señalan que actualmente de cada diez personas que ocupan espacios públicos con fines de ventas, ocho son de nacionalidad haitiana, lo que consideró genera una situación delicada debido a que el proceso de regularización de extranjeros que se lleva cabo ha puesto el país bajo la mirilla internacional.
Puntos críticos en la capital
Aceras obstaculizadas se pueden observar en casi todas las calles y avenidas del Distrito Nacional, pero existen puntos específicos en los que la situación se ha tornado verdaderamente crítica.
La intersección de la avenida Duarte con la calle París, y sus alrededores, se ha convertido con el paso de los años en el ejemplo más dramático de desorden y arrabalización de un espacio urbano, provocado principalmente por las actividades de los comercios formales e informales que allí convergen.
Por otro lado, Villa Consuelo se ha devenido en un dinámico sector comercial, pero los negocios han crecido de manera desmedida y sin ningún orden, porque los comerciantes aprovechan hasta el más mínimo espacio disponible para la venta de mercancías nuevas y usadas y para la instalación de talleres de reparación de todo tipo, dejando muy poco espacio al tránsito peatonal y vehicular.
Barrios como Villa Juana, San Carlos, Villas Agrícolas, Villa María y María Auxiliadora también han crecido en la informalidad, por lo que sus calles y aceras se han visto seriamente afectadas con todo tipo de obstáculos.
El kilómetro 9 de la Autopista Duarte es otro punto crítico, donde las aceras, áreas verdes y calzadas han sido ocupadas por autobuses del transporte interurbanos, carros del concho y buhoneros, haciendo casi imposible transitar por la zona.
Los pasos de peatones debajo de los elevados también suelen concentrar vendedores ambulantes. Ejemplos se observan en la avenida Luperón casi esquina Independencia y en la avenida Winston Churchill con John F. Kennedy, espacios que son utilizados también por choferes del transporte público como zonas de parqueo.
Los lugares que generan flujos constantes de personas, como hospitales, universidades y mercados, también son espacios por excelencia para las ventas informales de todo tipo de mercancías, pero sobre todo proliferan los negocios de comida.
Propuestas para la solución
Para Omar Liriano, director de Comunicación del ADN, el problema del uso ilegal de la aceras en la capital se podría solucionar si la alcaldía contara con un presupuesto para esos fines, porque según dice, no tienen los recursos necesarios para intervenir los espacios ocupados ni para luego mantenerlos y cuidarlos para que se les dé el uso adecuado.
Sostiene que muchas de las intervenciones que se han hecho hasta el momento para rescatar espacios públicos han sido con dinero aportado por el gobierno central; pero "sabemos lo qué tenemos que hacer, se han hecho todos los estudios, el problema es puramente económico", concluyó.
Sin embargo, para el arquitecto Leopoldo Franco la planificación de la solución de este fenómeno requiere de mucho cuidado, desde el punto de vista económico, ambiental, social y hasta en el orden público, "dado que de esos aglomerados sin control descienden señales a la población en el sentido de que no hay ley, reglamentos ni autoridad".
El arquitecto Franco opina que la solución no se trata de una iniciativa de un síndico efímero que quiere ganar votos con soluciones improvisadas, el asunto requiere un enfoque con mucha profundidad política, usando criterios científicos de planificación multidisciplinaria, anclados en la realidad socioeconómica del país.
A su juicio, los criterios utilizados deben ser pragmáticos, orientados a soluciones permanentes que frenen los nuevos intentos de involución urbana y que reorganicen lo que ya existe sin el usual componente populista de los políticos.
Considera que en principio, para que la idea germine y crezca, se debe instituir una comisión multidisciplinar que se vaya integrando a partir de un liderato profesional, y en la medida en que se detecten y configuren las necesidades, agregar a los representantes sociales y del comercio formal e informal.
De su lado, el arquitecto urbanista Erick Dorrejo ve la solución de la problemática en el fortalecimiento de las administraciones de los gobiernos locales, las cuales deberán tener equipos suficientes para el monitoreo continuo de los espacios públicos, con la intensión de preservar el orden establecido para el uso colectivo de los mismos.
De igual manera, favorece una alianza entre el gobierno local y nacional para iniciar un proyecto de fomento a los "empleos urbanos formales", mediante el cual los vendedores puedan registrarse a través de la Dirección General de Impuestos Internos, y los ayuntamientos creen espacios específicos para localizar sus ofertas bajo una autorización de uso del suelo.
Considera que es necesario que el gobierno central y los cabildos inicien una gestión compartida del territorio municipal, y logren identificar la oferta, determinar la demanda y orientar a los pequeños emprendedores por el camino de la formalidad, lo que genera la posibilidad de nuevos empleos, garantiza la salubridad de lo que se vende y transforma un sector con aires de ilegalidad en un atractivo tanto para los residentes del país como para los turistas.
El origen
Los arquitectos Dorrejo y Franco coinciden en que el problema de ocupación del espacio público en el Distrito Nacional y en las principales ciudades del país se debe fundamentalmente a las condiciones socioeconómicas en las que se desenvuelve una gran mayoría de la población dominicana.
Para Dorrejo las zonas urbanas son refugios de personas que emigran de los campos en busca de oportunidades, y cuando llegan a las ciudades se dan cuenta de que no hay empleos suficientes y se ven obligados a recurrir a la informalidad para sobrevivir, "solo que el alto porcentaje de informalidad urbana incide en la tasa de ocupación ilegal del espacio público".
El arquitecto urbanista también cree que la ocupación ilegal de las aceras es resultado de una débil gestión institucional, y señala a los ayuntamientos como las entidades responsables de normar y gestionar los espacios, por lo que son los llamados a preservar el orden en las aceras, "y su uso con fines particulares es un acto de ilegalidad que debe ser perseguido, sometido y castigado por las administraciones locales".
El arquitecto Franco agrega que la migración incontrolable a las ciudades propicia la creación espontánea de enormes barrios marginados, donde también habitan quienes no se ubican en una sociedad del consumo y recurren al alojamiento precario. "Esta enorme masa de la población en busca de oportunidades debe recurrir a cualquier medio que le provea la subsistencia de su familia, aún sea en términos de sobrevivencia", sostiene.
Muchas de estas personas, asegura, al buscar la forma de ganarse la vida en el comercio informal invaden cualquier espacio urbano, creándose en muy breve tiempo verdaderas ciudadelas comerciales sin ninguna organización ni control de parte de los organismos y funcionarios llamados a evitarlo.
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